Precisamente porque son una minoría es que la Corte Constitucional busca protegerla.

Que volvamos a la caverna. Esa parece ser la pretensión de la senadora “liberal” Vivian Morales y quienes la acompañan en la cruzada religiosa por adelantar un referendo contra la adopción igualitaria. Pretensión que seguramente comparte la recién descubierta diputada santandereana del Partido de la U Ángela Hernández, quien salió a cuestionar homofóbicamente el manual de preguntas orientadoras para la reforma a los manuales de convivencia escolar del Ministerio de Educación. O que también comparte el concejal de Bogotá de Opción Ciudadana Marco Fidel Ramírez cuya última perla de intolerancia fue el cuestionamiento por “inmoral” y “pecaminoso” al baño mixto inaugurado en la Universidad Externada por su rector, este si liberal de doctrina, Juan Carlos Henao.

Tienen mucho en común estos exponentes de la religión metida en la política, así militen en partidos distintos. Primero, colocar la Biblia cristiana, en la versión de cada una de sus iglesias, por encima de la Constitución Nacional, que es la expresión legitima de nuestro pacto social como nación. Segundo, desafiar a la Corte Constitucional llamada a ser la guardián del espíritu garantista y democrático de nuestra carta política. Y tercero, desde una postura de “superioridad moral” propagar un mensaje de intolerancia y discriminación. Y no es que política y religión sean incompatibles. Quienes actúan en la vida pública no solo representan una idea de Estado y sociedad. También son guiados por convicciones morales que provienen del frondoso árbol de las ideologías que muchas veces adquieren formas religiosas. Lo equivocado está en pretender imponer las convicciones morales personales o sus propios criterios religiosos al conjunto de la sociedad. Ahí arranca el oscurantismo.

El referendo de la Senadora Morales, por ejemplo, busca desde su idea particular de familia, que las mayorías heterosexuales, católicas y cristianas aplasten con el voto popular a una minoría, que como la población LGBTI, tiene todo el derecho como el resto de los mortales a formar una pareja y adoptar hijos. Precisamente porque son una minoría es que la Corte Constitucional busca protegerla. Y por minoría es que no pueden votarse sus derechos. Y digo una “idea de familia” porque sus argumentos no resisten una discusión científica seria sobre las condiciones más adecuadas para criar un niño. El alegato de la diputada Hernández supone que las preguntas del Ministerio de Educación son perversas por el solo hecho de indagar por las condiciones en que debe garantizarse la tolerancia en la formulación de los manuales de convivencia escolar que hasta ahora parecen más bien códigos de policía. El ejemplo de Sergio Urrego, el joven homosexual que se suicidó por la persecución de las autoridades de su colegio, es un espejo para no olvidar.

Por fortuna la sociedad colombiana ha empezado a salir de las cavernas en materia de igualdad, valor fundamental en todo Estado moderno y democrático. Hemos empezado a romper las cadenas para salir a la luz exterior y reconocer un mundo complejo y diverso. Pero, como en el inolvidable mito de Platón, todavía hay quienes se resisten a salir de la caverna. Quienes creen que las sombras son la realidad. Quienes creen que enloquecimos si no coincidimos con sus creencias. Y que pretenden salvarnos condenándonos de nuevo a la caverna.