Es una condición de alto riesgo en Colombia. Sin exagerar, hacer oposición política o promover y participar en la protesta social constituye un peligro de muerte. En el año 2016 y en lo corrido del 2017 van 125 dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda asesinados. Ello ha ocurrido, paradójicamente, en medio de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Y es paradójico porque casi todos los asesinados hacen parte de organizaciones comprometidas con el proceso de paz y porque el Acuerdo de La Habana incluye el compromiso con la expedición por fin de un Estatuto de Oposición.

No es un problema reciente. Perseguir y eliminar al opositor político es un rasgo estructural e histórico de nuestro régimen político. Los conflicto armados del siglo XIX y la guerra de los Mil Días con la que ingresamos al siglo XX, tuvieron que ver con el uso de la violencia para dirimir las disputas por el poder político, pero sobre todo para perseguir violentamente al adversario y al opositor. El conflicto político armado reciente y el surgimiento de las guerrillas revolucionarias en la década de los sesenta se explican por la inexistencia de garantías institucionales para la oposición política. El pacto del Frente Nacional entre los partidos Liberal y Conservador impuso una paz política, que puso fin a la violencia bipartidista, pero sobre la base del monopolio de la actividad pública en manos de ese monstruo de dos cabezas. Camilo Torres, el legendario sociólogo y cura guerrillero, resumió muy bien esta circunstancia al afirmar que en Colombia las vías legales estaban agotadas para las fuerzas políticas opositoras.

Justificó su ingreso al ELN por la persecución implacable por parte del Estado cuando impulsó el Frente Unido, movimiento político que pretendía ser la alternativa al Frente Nacional. Las FARC, el EPL y luego el M-19 fueron expresión de la oposición política al Estado por la vía de las armas. Y la masacre de la Unión Patriótica, experimento para traer a las FARC a la política institucional en las décadas de los ochenta y noventa, constituye un poderoso justificante del escalamiento de la lucha armada de un sector de las izquierdas en tiempos recientes.

Por eso tiene enorme trascendencia el proyecto de Estatuto de Oposición acordado entre todos los partidos políticos, el gobierno nacional y expertos seleccionados por la mesa de La Habana. Proyecto que será tramitado en el Congreso de la República mediante el mecanismo de Fast Track. El articulado propuesto exige, en primer lugar, a los partidos y movimientos que así lo decidan la declaratoria de su condición de oposición y prohíbe que los gobiernos coopten a sus miembros destacados o a que estos se incorporen al gobierno que han decidido institucionalmente oponerse. Se establecen los derechos de los partidos y movimientos de oposición, como el de réplica y de controversia. Se ordenan plenas garantías de seguridad para los integrantes de quienes ejercen la oposición. Se reiteran condiciones para el equilibrio entre partidos de gobierno y de oposición en las Corporaciones públicas de elección popular.

Y se le entregan facultades de vigilancia, seguimiento y sanción al Consejo Nacional Electoral o a quien haga sus veces, para hacer cumplir el Estatuto.

Lo curioso es que este proyecto reglamenta, 25 años después de expedida la Constitución Nacional, el artículo 112 de la Constitución que ordenaba al Congreso de la República hacerlo. Cuantas víctimas nos hubiésemos ahorrados si en Colombia no fuera perseguido violentamente a quien enriquezca la democracia haciendo uso del derecho a la oposición. Pero más curioso aún es que el Centro Democrático hubiese sido el único partido que no participó de este acuerdo de los demás partidos políticos colombianos. Porque como opositores al Gobierno Santos será el principal partido beneficiario de este Estatuto. Y porque su máximo líder, el Expresidente Uribe, durante sus ocho años de gobierno, tampoco presentó al Congreso ni usó sus mayorías para expedir un Estatuto de Oposición como se lo ordenaba la Constitución que juró cumplir. Más bien se dedicó a perseguirla, criminalizarla, estigmatizarla y chuzarla.

Todavía está a tiempo de hacer un acto de autocrítica pública votando este Estatuto en el Congreso. Y de ayudar a que en estas tierras se pueda ser opositor y no morir en el intento.