El Concejal y Presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, rechazó de manera contundente el recorte de los subsidios del Sistema Integrado de Transporte para la población beneficiaria de Sisben, Adulto Mayor y en condición de discapacidad que pretendería llevar a cabo la Alcaldía de Bogotá.

Durante el debate de control político: “Evaluación y Futuro de la Seguridad en los Colegios”, el Concejal Sanguino fue claro en señalar que al contrario de recortar dichos subsidios, se debe  implementar en la ciudad una tarifa estudiantil diferencial que favorezca esta población vulnerable, como ya existe en otras ciudades de Colombia, casos concretos: Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

“En Bogotá con unas finanzas mucho más robustas que en estas ciudades, también debería ser posible este tipo de alivio para el bolsillo de los más pobres, mientras que “los contratos de los operadores no reciben ni un rasguño de la Administración Distrital, ni son sometidos a una mínima revisión”, advirtió Sanguino.

Sanguino denunció que cuando se les pide a los funcionarios de la Administración revisar esos contratos usan el espejo retrovisor y evaden las responsabilidades. Igualmente dijo que si se han interrumpido otras decisiones públicas de anteriores administraciones, como las del metro subterráneo, también debe ser posible interrumpir otras decisiones que afectan el bolsillo de los ciudadanos.

Para el Concejal Sanguino lo que representan estos posibles recortes en disminución del déficit fiscal es muy poco, pero el mensaje de injusticia es absolutamente inadmisible. “Los operadores privados protegidos en sus bolsillos, y los de los ciudadanos pagando el hueco fiscal por decisiones que los ciudadanos no tomaron”.

Sanguino pidió a la Contraloría Distrital que igual que se pronunció sobre la rebaja de tarifas que hizo el alcalde Petro, en su momento, ahora se pronuncie sobre los recortes a los subsidios de los ciudadanos y la protección a los contratistas. “porque es que a la Contraloría no le corresponde cuidar los bolsillos de los operadores, sino de los ciudadanos de a pie que usan el transporte público”.