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Diciembre 18 de 2017
Redacción política
Bogotá, D.C.
Mediante Acción Pública de Nulidad el expresidente y directivo del Ejecutivo Nacional del partido Alianza Verde Antonio Sanguino, solicitó la suspensión provisional de la Ordenanza N. 012 de 2005, la cual regula aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en el departamento de Santander y se otorgan facultades extraordinarias al gobernador de la época, el tristemente célebre Hugo Aguilar.
De acuerdo con el candidato al senado 3 en la lista de la Alianza Verde, Antonio Sanguino el tributo se le cobra sobre todo los trámites que deben hacer los Santanderanos por ese concepto. “Está Ordenanza le saca del bolsillo a los santandereanos $25 mil millones al año, lo que quiere decir que en 12 años se han debido recoger $300 mil millones”.
“Hemos interpuesto una Acción de Nulidad de la Ordenanza 012 del 2005 de Asamblea de Santander que ilegalmente establece cobro de servicios de sistematización a santandereanos propietarios de vehículos y trabajadores por prestación de servicios”, puntualizó Sanguino.
Sanguino advierte que la solicitud de nulidad de la ordenanza 012/2005 y sus decretos reglamentarios se sustenta en que estas normas transgreden de manera clara, ostensible, flagrante y manifiesta lo dispuesto en normas superiores como la Constitución Política de Colombia y en la falta de competencia de la Asamblea Departamental de Santander y de la Gobernación del Departamento de Santander para la expedición de las normas demandadas.
Cabe recordar que el 2 de mayo de 2005 mediante ordenanza N°. 012 de 2005 en el artículo 60 del mencionado Decreto se le faculto al gobierno departamental establecer derechos a cargo del contribuyente o usuarios para el pago de servicios de sistematización y de procesos administrativos.
“Artículo 60. Derechos: El Gobierno departamental con el fin de sufragar los costos en que incurre por concepto de papelería, formas continuas, formularios de solicitud, formularios de declaración y los servicios asociados a su suministro, formatos, facturación, papel de seguridad etc, podrá establecer servicios de sistematización y autorización de procesos y procedimientos administrativos, Derechos a Cargo del contribuyente o usuarios, los cuales serán determinados mediante acto administrativo por el Gobernador y el Secretario de Hacienda”.
Para Sanguino este impuesto adicional es un robo a los bolsillos de los santandereanos en beneficio de la empresa privada que realiza el cobro del mismo. La demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Oficina de Comunicaciones