Gobernación y Asamblea tienen 5 días para responder

Redacción política . Febrero 18 de 2016

 Bucaramanga. El Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de acción de nulidad de la Ordenanza 012 del 2005, la cual regula aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en el departamento de Santander y se otorgan facultades extraordinarias al gobernador de la época, el tristemente célebre Hugo Aguilar.

La demanda fue instaurada por el candidato al Senado, número 3 por el Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, el pasado 17 de diciembre de 2017 contra la Gobernación y la Asamblea Departamental de Santander. El Magistrado Rafael Gutiérrez Solano en su providencia argumenta que se admite la demanda por reunir todos los requisitos y en la misma ordenó correr trasladó a los demandados.

“La Gobernación de Santander y la Asamblea Departamental, deben pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar para que el impuesto se deje de cobrar de inmediato una vez el Magistrado ponente tenga conocimiento de la respuesta de los accionados y de conseguirse un fallo a favor se beneficiarían más de 500.000 propietarios de vehículos y miles de contratistas en el Departamento de Santander”, advirtió el candidato al Senado, número 3 por el Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino,

La Acción Pública de Nulidad busca decretar la nulidad de la ordenanza 012 y la Resolución 049  que establece el cobro abusivo de sistematización en el pago de impuestos de los vehículos matriculados en todo el departamento de Santander y el cobro ilegal del 10% de sistematización en el pago que realizan los contratistas  de las estampillas departamentales.

De acuerdo con el candidato al senado número 3 en la lista de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, el tributo se le cobra sobre todo los trámites que deben hacer los Santanderanos por ese concepto, “le saca del bolsillo a los santandereanos $25 mil millones al año, lo que quiere decir que en 12 años se han debido recoger $300 mil millones”.

Sanguino advierte que la solicitud de nulidad de la ordenanza 012/2005 y sus decretos reglamentarios se sustenta en que estás transgreden de manera clara, ostensible, flagrante y manifiesta lo dispuesto en normas superiores como la Constitución Política de Colombia y en la falta de competencia de la Asamblea Departamental de Santander y de la Gobernación del Departamento de Santander para la expedición de las normas demandadas.

Cabe recordar que el 2 de mayo de 2005 mediante ordenanza N°. 012 de 2005 en el artículo 60 del mencionado Decreto se le facultó al gobierno departamental establecer derechos a cargo del contribuyente o usuarios para el pago de servicios de sistematización y de procesos administrativos.

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“Artículo 60. Derechos: El Gobierno departamental con el fin de sufragar los costos en que incurre por concepto de papelería, formas continuas, formularios de solicitud, formularios de declaración y los servicios asociados a su suministro, formatos, facturación, papel de seguridad etc, podrá establecer servicios de sistematización y autorización de procesos y procedimientos administrativos, Derechos a Cargo del contribuyente o usuarios, los cuales serán determinados mediante acto administrativo por el Gobernador y el Secretario de Hacienda”.

Para Sanguino este impuesto adicional es un robo a los bolsillos de los santandereanos en beneficio de la empresa privada que realiza el cobro del mismo. La demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Santander.

 Oficina de Comunicaciones

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