Por: Antonio Sanguino – Senador Partido Verde

A falta de una, hacen tránsito en el Congreso de Colombia tres reformas políticas. Una arrancó en la Comisión Primera del Senado y dos avanzan en la Cámara de Representantes. Lamentable que ninguna acierta adecuadamente en atender las urgencias de la sociedad colombiana en atacar eficazmente la corrupción política, la madre de todas las corrupciones que nos agobian.

La que más se asoma a una reforma pertinente para los tiempos q corren es la que acaba d aprobarse en primer debate en Senado y que reúne iniciativas del Gobierno y los Partidos. Modifica aspectos relacionados con la financiación electoral, las autoridades electorales, la conformación de las listas a corporaciones públicas y otros asuntos de importancia relativa. Pero lo hasta ahora aprobado deja mucho que desear. Resulta regresivo o es sencillamente un saludo a la bandera.

En materia de financiación de campañas, que disminuya asimetrías en la competencia electoral y evite el ingreso de dineros ilícitos del narcotráfico, la minería o la corrupción en la contratación pública, la reforma se niega a una financiación totalmente pública. En la imposición de listas únicas y cerradas de los partidos con Personeria Jurídica a corporaciones de elección popular se introducen mecanismos internos de los partidos distintos a las consultas populares dándole un portazo a la participación ciudadana en la selección de los candidatos. En la organización electoral se sustituye el actual Consejo Nacional Electoral por un Tribunal Electoral dependiente del Consejo de Estado, dejando intactas las funciones electorales de la Registraduria en donde se concentran las más graves irregularidades que distorsionan la voluntad popular. En paridad de género el avance es apenas de un 33% de presencia de mujeres en las listas cerradas en una especie de «cremallera gradual». Por fortuna no ha prosperado la regresiva idea de volver, así fuera en una proporción, al Senado regional, un premio al clientelismo territorial y un castigo al voto de opinión.

Las otras dos propuestas de reformas son peores. Inoportunas, equivocadas y distractoras. Porque proponer unificar todas las elecciones, las territoriales y las nacionales, regalando dos años más de mandato a los actuales Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, además de burlar la voluntad de los ciudadanos que los eligieron por cuatro años, genera condiciones para un peligroso unanimismo politico tan cercano a las dictaduras y tan fértil para la corrupción y el abuso de poder. Argumentan sus autores y promotores razones presupuestales y de armonización de la gestión pública entre la nación y los territorios, olvidando deliberadamente que el Constituyente del 91 quiso separar las elecciones como garantía de pluralismo político. O promover una doble vuelta para elegir Alcalde de Bogotá u otros Alcaldes del País en nada resuelve los problemas crónicos de corrupción y más bien distraen la atención del Congreso y del país en un asunto por ahora irrelevante.

La corrupción no sólo es una asunto ético o moral que remita a las actitudes y comportamientos de quienes ejercen funciones públicas. Al referirse al ámbito de lo público es un problema de cultura, estructuras de poder y de como se forma y ejerce el poder político. A la manera como se rigen las relaciones políticas y su expresión en las reglas de juego del sistema político. Si el Congreso de la República y el Presidente Duque quieren cumplir el mandato de la Consulta Anticorrupción votado por 12 millones de colombianos deben evitar este derroche de proyectos de reforma y concentrarse, sin dilaciones y trampas, en los cambios a nuestro sistema político que cumpla con dicho propósito. Una reforma que contribuya a hacer trizas la corrupción.