Por: Navin González

La Región Administrativa de Planificación (RAP) es un instrumento de consolidación de la autonomía en las regiones, consagrado en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política de Colombia, y en la Ley 1454 del 2011, en su artículo 30, al disponer que dos o más departamentos podrán constituirse con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad, adoptando dicha figura estructural y permitiendo crear las condiciones para solicitar la conversión a la Región Ente Territorio (RET).

En el Caribe, el tema de la autonomía, en su mayoría, ha pasado desapercibido, y más en la agenda de debate hacia la presidencia del país. Al parecer, la idea de ser autónomos aumenta nuestros sentimientos regionalistas, impidiendo ver ciertos aspectos que generan daños colaterales.

Estoy completamente de acuerdo con la implementación de una ley que nos brinde independencia institucional y económica, atrapada en la capital del país. El gran Sociólogo e investigador colombiano, Orlando Fals Borda, dio detalladamente una urgencia a la independencia como región, permitiéndonos crecer económica, cultural e institucionalmente.

La RAP) y la RET no están sobre la Constitución, pero adquieren un rango más alto, administrativa y estructuralmente hablando, que los departamentos.

El 13 de marzo del 2010, el Caribe vivió una jornada electoral, particular en la historia regional, cuando el llamado “voto Caribe” irrumpe con más de 2,5 millones de sufragios, buscando crear una identidad de imagen política en el país.

La ordenanza 000337 del año 2016, emitida por la Asamblea del Atlántico, otorgó autorizaciones a su gobernador de turno, Eduardo Verano de la Rosa, cruciales para la presentación ante el Congreso de una ley RAP.

Ley que aprobó, por unanimidad, en septiembre del año 2017, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, siendo ponente el senador conservador Efraín Cepeda, quedando conformada por siete, de los ocho departamentos que constituyen la región Caribe, con excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por temas administrativos. Ese hecho dio paso para que en octubre de ese mismo año planificaran la firma RAP Caribe, para la cual gobernadores, senadores y figuras políticas se dieron cita en el centro de convenciones de la Universidad del Atlántico, donde encontraron una manifestación conformada por estudiantes organizados de esta alma mater, por razones puntuales como la burocratización y toma por parte de los políticos tradicionales de este proyecto regional, siendo trasladado el acto a la Gobernación del Atlántico.

En Consecuencia, el Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Hacienda, le echa lupa al tema sobre situaciones políticas y administrativas presentes en la región, originadas por mafias encargadas de usurpar el erario.

En su momento, el ex ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, no fue ajeno a la posible independencia regional del Caribe, y en numerosas entrevistas, a medios de comunicación, dijo: “Sí a la RAP, pero con ajustes estructurales”, generando una disyuntiva entre el poder central y el regional.

Hoy, para los ciudadanos del caribe colombiano es incierto el rumbo que tomará la Región Administrativa de Planificación (RAP) de esta parte del país, mientras el Gobierno Nacional solo opina sobre las posibles consecuencias, sin tomar decisiones, y, en la otra esquina, los líderes políticos de la región Caribe aumentan la presión sobre el poder central.

Estas situaciones generadas son, también, movidas por un presupuesto anual que ronda los 37 mil millones de pesos, los cuales, en un lapso de 10 años, rondarían cerca de 378 mil millones, proviniendo estos recursos del Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (alrededor de 113 mil millones), y del Fondo de Regiones (alrededor de 265 mil millones). A su vez, el Fondo Nacional de Regalías tendría que sufrir modificaciones, al buscar cambiar el monto y destinación de los recursos por regalías establecidos en nuestra Constitución.

Nuestra región Caribe cuenta solo con gobernadores de partidos tradicionales como Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Social de Unidad Nacional “U” y, el más fuerte e influyente, el Partido Cambio Radical, dirigido por la casa Char desde Barranquilla, bandera política que lidera el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien orquestó esta iniciativa vinculando a las demás dirigencias regionales que escuchan detenidamente las directrices.

La cara política del Caribe, en su mayoría, sufre del mal de la corrupción. Ejemplo de ello es que aún nuestro entorno electoral sufre de la compra y venta del voto, trashumancia y carteles encargados de generar riquezas particulares por medio de los recursos de todos los ciudadanos.

Preguntas surgen sobre toda esa situación nacional y regional: ¿se puede confiar en la clase política tradicional del Caribe?,

¿quién vigilaría los recursos?, ¿recursos económicos dirigidos por quiénes y cómo? Estamos frente a un montón de dudas a las que debemos buscar soluciones. El futuro del país y del Caribe está en juego.