Por Antonio Sanguino

En asuntos de paz, el Uribismo nos quiere hacer creer que vivimos en una aldea aislada. Pretenden convencernos que la globalización no tiene nada que ver con la justicia y la Paz. Que los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el marco del conflicto armado, sobre todo los cometidos por paramilitares y agentes del Estado, pueden ser olvidados y perdonados sin nada a cambio. Que la verdad que tanto reclaman las víctimas y que constituye la principal garantía de no repetición, puede obviarse con tal de proteger a la cúpula del poder copartícipe de nuestro holocausto.

Esa suerte de parroquialismo deliberado se combina con una mentalidad de guerra fría en materia de relaciones internacionales. Al querer devolvernos a la parroquia, se niegan a aceptar que los delitos de guerra o las violaciones graves a los derechos humanos son considerados por el derecho internacional como atentatorios contra la humanidad. No quieren reconocer que, cuando la justicia ordinaria o algún mecanismo de justicia transicional en contextos de negociaciones de paz no operan, el juzgamiento queda en manos de los tribunales internacionales, en especial de la Corte Penal Internacional. Ello explica la torpeza con la que el presidente Duque y su Canciller Carlos Holmes Trujillo han lidiado el compromiso del Estado en estas materias.

«Que la verdad que tanto reclaman las víctimas puede obviarse con tal de proteger a la cúpula del poder copartícipe de nuestro holocausto»

Las objeciones presidenciales a la JEP, que por fortuna acaban de ser negadas en la Cámara de Representantes y que, seguramente, correrán la misma suerte en el Senado, revelan la ausencia de voluntad del gobierno en el cumplimento de un compromiso de Estado con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Pero lo más grave es la evidencia de la poca importancia que el gobierno Duque le da al incumplimiento de los compromisos del Estado ante instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional o los países garantes y acompañantes del proceso de paz. No supo el Canciller Trujillo explicarle al Secretario General de la ONU ni a la fiscalía de la CPI el galimatías de las objeciones y la incoherencia de los ataques irresponsables a la JEP por parte de su partido y su obligación constitucional de implementar los acuerdos de paz. Como tampoco supo explicar, en su momento, la negativa de aplicar los protocolos acordados entre las partes ante la comunidad internacional cuando se rompieron los diálogos de paz con el ELN.

Contrasta este nacionalismo mal entendido de Duque con la ideologizada intervención en la crisis venezolana. El Presidente y el núcleo duro del Uribismo, plegado dócilmente a la agenda exterior norteamericana y pretendiendo resucitar la trasnochada teoría de la guerra fría, puso en marcha una fracasada estrategia denominada «cerco diplomático» que desconoce la institucionalidad internacional, abusa de las acciones humanitarias para utilizarlas indebidamente en favor de sus aliados ideológicos en Venezuela y ofrece descaradamente el territorio colombiano para acciones militares ilegales contra el vecino país o para la presencia de tropas extranjeras.

«Lo más grave es la evidencia de la poca importancia que el gobierno Duque le da al incumplimiento de los compromisos del Estado ante instancias internacionales».

El Presidente, su Canciller y su coalición de gobierno deben entender que más allá de sus convicciones políticas, existen unas responsabilidades de Estado que están obligados a cumplir con todas las víctimas y con el derecho a La Paz de los colombianos. Y que las relaciones internacionales de Colombia, como ha sido tradición, deben acatar el derecho internacional y el principio constitucional del artículo 9 de la Carta Política que establece que nuestra política exterior debe guiarse por el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Y reconocer que hoy vivimos en una aldea global.