Este es un capítulo que hizo el Senador Antonio Sanguino, para el libro «Una paz sin dolientes» del gestor de paz Luis Eduardo Celis.

Estamos en un momento critico para la paz y para el cierre definitivo del conflicto. Aun así, hay razones para perseverar. Al gobierno Duque le corresponde como obligación de Estado implementar plenamente los Acuerdos con las Farc. Hacerlo significa asfixiar política y territorialmente el conflicto entre Estado y ELN, terminar de quitarle legitimidad a la lucha armada y acercarnos a una paz completa.           

Lucho Celis, con quien comparto la causa por una Colombia en Paz, acaba de presentar en la Feria del Libro: Una Paz sin dolientes – Diálogos Gobierno-ELN 1982 – 2019, un aporte para comprender por qué no hemos logrado integrar a la competencia política sin armas al ELN, será un texto para ver estas casi seis décadas de acción política con armas, e insistir en que se requiere un acuerdo de paz del cual haga parte el ELN.

Colombia ha vivido un conflicto armado de larga duración. Si asumimos como punto de partida el 9 de abril de 1948, día del asesinato del caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán que desencadenó el denominado periodo de la Violencia (1948 – 1957), estamos hablando de una confrontación militar de 71 años. Y si tomáramos como referencia el nacimiento de las guerrillas revolucionarias de influencia marxista, Farc en 1964 o ELN en 1966, el periodo de violencia política llega a los 55 años. Ningún conflicto armado interno en el continente y pocos en el mundo tiene la trayectoria temporal del colombiano.

Ha sido también un conflicto multicausal con una particular y diversa geografía territorial. A pesar de que ha mantenido su naturaleza política en estas 5 o 7 décadas, caracterizado por un alzamiento armado anclado en conflictividades y desigualdades sociales y territoriales de todo tipo y enfrentado a un régimen político cerrado y excluyente bajo aparentes formas democráticas, también ha sido un conflicto irregular con especiales niveles de degradación y conectado con economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal. El resultado ha sido un enorme volumen de víctimas, especialmente entre la población civil, que alcanzan los ocho millones de personas y que representan el 20% de la población total del país. Degradación que ha comprometido en diversos niveles a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, comprobando aquella advertencia del sociólogo Norbert Elías de que “en conflictos de larga duración, los adversarios tienden a parecerse”.

Quizás el impacto y duración de la confrontación militar entre Estado, Paras y Guerrillas en Colombia, contribuya a invisibilizar su también nada despreciable tradición de negociaciones de paz. Si establecemos como punto de partida los intentos de diálogo, cese al fuego y tregua ensayados en el periodo presidencial 1982-1986, entre el presidente Belisario Betancourt y las guerrillas del Movimiento 19 de abril M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc–EP, estamos en presencia de una tradición de paz que ocupan 35 años de nuestra historia reciente. Un esfuerzo que ha comprometido negociaciones con guerrillas y paramilitares, que ha permitido el tránsito a la vida civil de 7 grandes estructuras armadas y ha representado el desarme de más de 50 mil combatientes irregulares. Un acumulado de paz nada despreciable y el más grande del continente.

Ha sido una paz gradual e incompleta. Su gradualidad se caracteriza por negociaciones parciales con cada grupo por separado con agendas diferenciadas y con impactos relativos en la superación de la violencia política. A cambio de negociaciones globales con la insurgencia como en Centro América (El Salvador y Guatemala) o en Sudáfrica, lo que ha ocurrido en Colombia más bien son ciclos de negociaciones de paz que agrupan procesos parciales con organizaciones por separado pero unidas bajo modelos de negociación. Estos modelos, a su vez, dan cuenta del pulso político y militar de las fuerzas en contienda y del contexto internacional.

Tres grandes ciclos de negociaciones que culminaron en acuerdos de paz podemos distinguir en la experiencia colombiana. El primer ciclo ocurrido entre 1989 – 1994 se inició con la negociación y tránsito a la vida civil del M-19 y se cerró con la dejación de armas y reincorporación de la Corriente de Renovación Socialista CRS (disidencia del ELN). El segundo ciclo corresponde a la negociación y desmovilización de buena parte de los grupos paramilitares o de autodefensas agrupados bajo las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2003 – 2005. Y el tercer ciclo, aún incompleto, lo inauguró el presidente Juan Manuel Santos y las Farc – EP cuyo acuerdo de paz ha permitido la reincorporación a la vida política y civil de la guerrilla más antigua y grande del continente. Ciclo aún incompleto, pues se espera que su cierre y el del conflicto político armado colombiano ocurra por cuenta de una negociación con el ELN, la organización guerrillera más esquiva en la celebración de un acuerdo de paz.

Las negociaciones del primer ciclo implicaron concentrar las guerrillas en campamentos de paz ubicados en distintos lugares de la geografía nacional y acordados con el Gobierno que garantizara el cese al fuego unilateral de la insurgencia mientras avanzaban los diálogos alrededor de una agenda restringida a ofrecer las condiciones de reincorporación política del grupo, la reinserción económica y social de los excombatientes y programas de atención en las zonas afectadas por el conflicto. Las del segundo ciclo con los paramilitares, replicó de mala manera las zonas de concentración de los combatientes que condujo a un cese al fuego unilateral incumplido reiteradamente y una mesa de diálogos instalada en Santa Fe de Ralito (Córdoba), la reinserción económica y social de los paramilitares y su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz para la obtención de perdón judicial a cambio de reconocimiento voluntario de responsabilidades ante tribunales y víctimas. Y el tercer ciclo, el del Acuerdo con las Farc se adelantó en medio del conflicto y por fuera del territorio nacional, una agenda q afecta variables estructurales del conflicto: tierras y desarrollo rural, drogas y narcotráfico, víctimas y justicia transicional, reforma política, y terminación del conflicto y reincorporación económica y social de combatientes, todo ello en el marco de un enfoque territorial para la construcción de La Paz.

El ELN y la paz: avances y renuencias

Al Ejército de Liberación Nacional La Paz negociada le pareció de entrada un acto de traición a la revolución armada. Desde una perspectiva de guerra tenían razón. Significaba renunciar al triunfo militar sobre el Estado para acordar la sustitución de la lucha armada por la lucha política institucional. Esa fue su primera reacción ante las primeras propuestas de diálogo nacional el M-19 por boca de su primer y heterodoxo comandante Jaime Bateman Cayón a finales de la década del 70. También fue su inmediata respuesta a la oferta de paz de Belisario Betancourt en 1982 que desembocó en el periodo de Tregua, Cese al Fuego y Diálogo Nacional con las Farc, el EPL y el M-19. El ELN más bien escogió convertirse en feroz opositor a la iniciativa de paz de Belisario junto al Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y el Movimiento de Integración Revolucionaria MIR Patria Libre, dos grupos especialmente pequeños. Esta posición le permitió al ELN salir de una profunda crisis interna, reunificar sus fuerzas alrededor de una estrategia de guerra popular prolongada y ganar iniciativa política y militar ante la fragilidad y posterior fracaso de los diálogos de paz.  Oponerse a La Paz negociada por aquel entonces fue rentable para el ELN. Más tarde, una negociación válida para el ELN, quizás por soberbia o quizás por ingenuidad, debería implicar conquistar en la mesa de negociaciones lo que en el campo militar no habían conquistado, una especie de revolución negociada.

Aunque la insurgencia guerrillera en aquel fracasado intento de diálogo del presidente Betancourt se dividió entre sus defensores y opositores, el escenario del diálogo y la negociación política irrumpió para quedarse por siempre en los discursos de las guerrillas como alternativa definitiva de superación del conflicto interno. Ha sido un asunto que ha gravitado también en las agendas de los gobiernos sucesivos y de las organizaciones armadas, y una preocupación constante de la comunidad internacional en sus relaciones con Colombia.

El ELN ha sido la organización más renuente a un escenario de negociaciones. Sin embargo, no ha podido evitar su disposición o la presión al diálogo con el Estado. Su entrada al escenario del diálogo fue tímidamente restringido al derecho internacional humanitario en la búsqueda de acordar reglas que regularan su confrontación militar con el Estado. Convirtió en bandera política, a finales de la década de los ochenta, convenir con el Estado la aplicación de los protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos no internacionales y fija límites a la forma en que deben librarse las guerras. Planteamiento que venía haciendo desde la otra orilla el Ex Presidente Alfonso López Michelsen y que partía de la consideración pragmática de que mientras haya guerra y no sea posible derrotar militarmente a la contraparte lo mejor es ponerle limites humanitarios a la confrontación. Esta curiosa coincidencia entre López Michelsen y el ELN se explica en qué mientras para el Expresidente había que derrotar militarmente a la guerrilla para llevarla a una negociación socavando su legitimidad ética y política con la aplicación de las normas que regulan la guerra, para el ELN la guerra solo sería superada mediante una revolución armada triunfante por lo que la aplicación del DIH era una necesidad para proteger la población civil en sus zonas de presencia militar e ilegitimar a sus contendientes.

Esta resistencia a una negociación del conflicto o estos límites humanitarios al diálogo con el Estado le duró poco al ELN. Por un lado, el M19 precipitó y lideró el primer ciclo de negociaciones de paz de la Colombia reciente. Luego del fracasado diálogo en el Gobierno de Belisario Betancourt que terminó en el baño de sangre de la toma Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y el genocidio de la Unión Patriótica, se produjo el derrumbe del Muro de Berlín que representó la caída del “socialismo realmente existente” referente ideológico y político de buena parte de la insurgencia en armas. Las negociaciones y dejación de armas del M19, el EPL, el PRT y el Movimiento Indígena Quintín Lame en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, significó una ruptura de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La Coordinadora había sido el más importante intento de agrupación de todas las guerrillas en Colombia luego del fracasado periodo de diálogos de la primera mitad de los ochenta y constituía un esfuerzo de unidad guerrillera alrededor de una estrategia de guerra popular.

Internamente el ELN vivía su propia discusión sobre la disyuntiva paz o guerra. La crisis del socialismo, la caída electoral del sandinismo en Nicaragua y la imposibilidad de una victoria militar de las guerrillas centroamericanas, el rechazo de amplias capas de la población colombiana al narcoterrorismo y a la violencia en general y La Paz ligada al proceso Constituyente de 1991 fueron abriendo un debate y una fractura interna liderada por la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia que empezó actuando como una corriente de opinión interna integrada sobre todo por estructuras urbanas, intelectuales y políticas de los elenos pero que prontamente, convertida en organización autónoma, celebró un acuerdo de paz en abril de 1994. Por ser la CRS la disidencia más grande que haya tenido el ELN en toda su historia, agrupar a sus estructuras más conectadas con la lucha política y el mundo urbano y el haber escogido la negociación en contraste con el camino de la guerra popular, el impacto político esta fractura sobre el ELN fue inocultable.

Empujado por las circunstancias y bajo la iniciativa de las FARC al seno de lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el ELN y la disidencia del EPL que no entró en la negociación de paz, presionaron un escenario de diálogo de paz con el Gobierno de Cesar Gaviria, quien como Ministro del Interior del Presidente Virgilio Barco y junto a Rafael Pardo y Jesús Bejarano (QEPD) había liderado la Iniciativa Para La Paz que como política pública había servido de Marco o modelo para la negociación con el M19. César Gaviria ya como presidente y Humberto De La Calle como su ministro del Interior estaban jugando también un papel fundamental en la convocatoria y la posterior realización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Luego del ataque a Casa Verde, santuario del Secretariado de las Farc y símbolo de su moribunda tregua pactada con el Estado desde los tiempos de Belisario Betancourt, el mismo día de elección de los constituyentes en diciembre de 1990; hacia mayo de 1991 en Cravo Norte (Arauca) se adelantaron un par de reuniones exploratorias para un nuevo diálogo de paz entre la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Farc, ELN y la disidencia del EPL). Desde junio de 1991 hasta mayo de 1992 se adelantaron las rondas de conversaciones de Caracas y Tlaxcala (México) entre Gobierno y Guerrilla que avanzaron en una agenda común para la terminación del conflicto y unos mecanismos de Cese al Fuego. Aunque los diálogos fueron interrumpidos por el Gobierno luego del secuestro y asesinato del Ex Ministro Conservador norte santandereano Angelino Durán Quintero en manos de la disidencia del EPL, estas rondas quedaron para la historia Elena como su primera vez en la aceptación de una negociación política del conflicto armado. También quedó para la historia de la guerra y La Paz de Colombia como la última vez en la que las guerrillas actuaban juntas en la búsqueda de un acuerdo con el Estado. La ilusión de una negociación global de paz, tipo El Salvador o Guatemala, quedaba sepultada para siempre.

Pero ya el ELN había incorporado la búsqueda de La Paz y el escenario del diálogo en su agenda política. Lo hacía a su manera. Con timideces, incoherencias y maximalismos e ideologismos. La voladura de oleoductos y los ataques a la infraestructura, la práctica del secuestro y el asesinato de civiles revelaban un incumplimiento del derecho humanitario, bandera política agitada una y otra vez por el ELN. Aun así, en el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994 – 1998) y con la mediación del gobierno alemán se facilitó la celebración del Acuerdo de Puerta del Cielo o de Maguncia entre el ELN y voceros de la sociedad civil colombiana referido sobre todo a asuntos humanitarios y a la promoción de un escenario denominado por el ELN de «Convención Nacional». Y luego de una gira por Europa de voceros del ELN, facilitada y permitida por el Gobierno Samper a instancias de la mediación del “facilitador” alemán Werner Mauss, que culminó en España en 1998 se firmó el preacuerdo del Palacio de Viana (Madrid) para adelantar un proceso de paz, preacuerdo malogrado por su filtración a los medios en un contexto de elecciones presidenciales. Interpretado como un espaldarazo del presidente Samper a la candidatura de su copartidario y coequipero Horacio Serpa está iniciativa naufragó. Mientras tanto Andrés Pastrana avanzó en contactos con las FARC, ganó las presidenciales y dedicó toda su atención y esfuerzo en el proceso del Caguán en soslayo de un proceso en firme con los elenos.

Como era previsible, el gobierno del presidente Andrés Pastrana, en materia de paz le concedió toda la prioridad al diálogo con las FARC en la zona de 42 mil kilómetros desmilitarizada en el Caguán (Caquetá). Para salir de la marginalidad a la que estaba relegado por la atención nacional e internacional que despertaba el Caguán, desesperadamente el ELN desató una ofensiva que sobre todo golpeó a la población civil en la búsqueda de un espacio de diálogo que le disputara la atención al proceso de paz del gobierno con las FARC. El atentado al oleoducto en Machuca, los secuestros masivos de la Ciénega de El Torno, el Secuestro en La Iglesia La María y el secuestro del Avión Fokker de Avianca, fueron los de mayor impacto.

En junio de 2000 en Ginebra (Suiza) y en Caracas en julio del 2001, gobierno, ELN y sociedad civil avanzaron en una ruta para un proceso de paz con este grupo. Como una réplica a la zona desmilitarizada del Caguán a las Farc, el ELN logró un preacuerdo para el despeje de una zona en el sur del departamento de Bolívar. Dicha zona a petición del ELN serviría para un intercambio humanitario y para avanzar en su propuesta de Convención Nacional. Mucho antes de la ruptura de los diálogos del Caguán, los diálogos con el ELN habían llegado a un punto muerto y la zona de encuentro había resultado inviable por la poca voluntad del Presidente Pastrana, la férrea oposición de los paramilitares y la movilización de la base social de las Autodefensas y de autoridades locales contra el despeje militar para viabilizar la zona de encuentro solicitada por los elenos.

Incluso con el presidente Álvaro Uribe Vélez el ELN buscó un escenario de diálogos para La Paz. Desde septiembre de 2002, a menos de un mes de su posesión el ELN expresó al Gobierno Uribe su disposición en “la búsqueda de un proceso de paz duradero”. Desde esa época y por espacio de 26 meses hubo contactos y reuniones entre delgados del Gobierno y voceros del ELN a instancias de los gobiernos de Cuba (Fidel Castro), México (Vicente Fox) y Venezuela (Hugo Chávez) para avanzar en un proceso en firme. Mientras Uribe dedicaba toda su atención a lograr la desmovilización negociada de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia y a una estrategia de guerra a las guerrillas junto con el estímulo de las deserciones individuales, el ELN se replegaba a sus zonas históricas y se aferraba a sus pretensiones maximalistas en términos de una agenda de paz. Con un espacio político tan estrecho para una negociación viable por las inaceptables exigencias de desarme y sometimiento a la justicia sin reincorporación política que para las guerrillas implicaban las solicitudes de Uribe, el diálogo con el ELN terminó sin resultado alguno.

De nuevo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el ELN llegó de segundas a un escenario de diálogo y negociación. Mientras Santos y Farc arrancaron desde el 2010 contactos y reuniones exploratorias que permitieron instalar un proceso formal de diálogo en el 2012, solo hasta ese año se iniciaron, por solicitud del presidente Santos al presidente venezolano Hugo Chávez, acercamientos con el ELN. Y solo hasta el 2016 se dio inicio a un proceso formal con una agenda que le da preponderancia a un acuerdo a instancias de la sociedad.  O sea que mientras con las Farc prácticamente se cerraba un acuerdo de paz, que ha despertado un extraordinario interés nacional e internacional, con el ELN y sin poder acordar una fórmula de cese al fuego el gobernó Santos entregó una mesa de paz en La Habana bastante frágil, luego de un tránsito con pocos avances por la ciudad de Quito.

Este accidentado camino del ELN por encontrar una ruta para el cierre digno del conflicto enfrenta desde la perspectiva de este grupo varías dificultades. Por un lado, su bajo nivel de cohesión y unidad interna, presentado por muchos analistas como un federalismo extremo de los elenos, se evidencia sobre todo en un acuerdo interno por la negociación como vía para salir de la guerra. Las conclusiones de sus congresos, plenos de Dirección Nacional y demás eventos internos, aunque ratifican desde los tiempos de las rondas de Caracas y Tlaxcala la tesis de la negociación política, es evidente que hay una organización dentro de la Organización Elena que actúa en contravía o renuente frente a su política oficial. Por todos es conocido el peso del Frente Domingo Laín en las estructuras de más poder económico y militar y su histórica posición de resistencia a la búsqueda de un acuerdo de paz con el Estado.

Una segunda dificultad se revela en la valoración del momento del conflicto armado colombiano y de la lucha armada en el contexto Latinoamericano. Los elenos de conjunto no parecen entender que la actividad político-militar constituye un verdadero obstáculo para la viabilidad de las izquierdas como alternativa de poder. Tampoco parecen interpretar colectivamente el momento de terminación del conflicto político armado colombiano. No alcanzan a imaginar que terminada la legitimidad política del alzamiento armado y en un contexto de innovadoras expresiones de lucha política en las grandes urbes e irrupción de nuevas ciudadanías, los aparatos armados van camino a un inevitable proceso de degradación por cuenta del narcotráfico y las demás economías ilegales. Para decirlo claramente, sin una convicción colectiva de que estamos en la fase final del conflicto y que aún tienen la oportunidad histórica de ser protagonistas de su punto final, los elenos terminaran convertidos en un lastre armado más parecido a una banda criminal que a un proyecto revolucionario.

Hay un obstáculo no menos importante que tiene que ver con el modelo de negociación del ELN. En un exceso de ingenua originalidad han planteado que no les interesa una negociación directa con el Estado sino con la sociedad. Su fórmula ideologizada de una Convención Nacional supone que su proceso de paz tendrá un alcance mayor que el obtenido por las Farc, que será una especie de revolución pactada y que el Estado actuará como testigo de la negociación y ejecutor de los acuerdos. Su insistencia en este modelo, aunque haya sido tenido en cuenta en la última agenda pactada con el gobierno de Juan Manuel Santos, no deja de ser poco práctico y será bastante problemático en próximos intentos de negociaciones de paz con esta organización guerrillera.

Una paz residual desde los gobiernos…

Un proceso de paz con el ELN nunca ha estado al centro de las políticas de paz de los gobiernos. No ha sido prioridad en la agenda gubernamental de las negociaciones para superar el conflicto y construir La Paz. Este lugar secundario o subsidiario respecto a otros procesos de negociación, explica la esquiva paz con este grupo, aunque los voceros de los gobiernos y no pocos analistas señalan que esa situación secundaria obedece a la poca “voluntad de paz” o a las resistencias de esta organización para encarar un proceso de negociación en serio. Con el ELN ocurre una suerte de círculo vicioso de las políticas y procesos de paz.

Cuando el ELN propuso negociar un acuerdo parcial alrededor de las normas del Derecho Internacional Humanitario, no encontró eco en el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990) quien más bien se empeñó en confeccionar su Iniciativa Para La Paz con la que encaró las negociaciones de paz con el M19. Fue el mismo marco con el que se adelantaron las negociaciones en el Gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994) con el EPL, el PRT y el Movimiento Quintín Lame, apresuradas por las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del primer semestre de 1991. Y luego, fue el modelo de negociación heredado de estos procesos, el marco constituyente y los artículos transitorios 11 y 12 de la Constitución del 91 el contexto en el que se adelantó la negociación que condujo a la dejación de armas y reincorporación a la vida civil de la Corriente de Renovación Socialista, escisión del ELN. En esta primera aproximación de los elenos con un escenario de negociación con el Estado el desencuentro no podía ser más elocuente: mientras la guerrilla buscaba continuar la guerra bajo reglas humanitarias, los gobiernos buscaban terminarla mediante una oferta de reincorporación. En tales condiciones, una negociación como la propuesta por el ELN que implicaba una discusión sobre el estatus de beligerancia de la guerrilla no resultaba para nada atractiva para el Estado.

En las rondas de Caracas y Tlaxcala de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el Gobierno de Cesar Gaviria, el ELN jugó de tu a tu con las Farc, aunque esta última ejercía un liderazgo evidente por su tamaño y experiencia en diálogos anteriores. Ha sido quizás el único episodio en la historia de las negociaciones de paz en las que el ELN no ha jugado como plato de segunda mesa, sobre todo porque aquella pretendía ser una negociación global Estado/insurgencia.

En el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) la agenda de paz naufragó en medio del escándalo por la penetración de dineros del narcotráfico en la campaña que lo eligió presidente de la República, más conocido como el “proceso ocho mil”. Aun así, los contactos, reuniones y acuerdos logrados con el ELN no tuvieron ninguna trascendencia en el ámbito de las negociaciones formales.

La llegada a la Presidencia de Andrés Pastrana (1998 – 2002) ilusionó al país con el inicio del proceso de conversaciones con las Farc en el Caguán. Una zona desmilitarizada en el sur del País de 42 mil kilómetros, una generosa agenda de 110 puntos de discusión, unas audiencias públicas con diversos sectores de la sociedad y un acompañamiento internacional sin precedentes auguraban un final del conflicto con la guerrilla más antigua y de mayor tamaño y capacidad de fuego y presencia política. Pero en la agenda de Pastrana no estaba el ELN, como si su vinculación a La Paz sería automática luego de un acuerdo con las Farc.

Para reclamar un lugar propio en las negociaciones de paz, el ELN desató una campaña de acciones armadas con un dramático impacto en la población civil. Pero una vez el gobierno acepto una zona de despeje en el Sur de Bolívar, aunque muchísimo más pequeña pero similar al Caguán, ante la presión paramilitar con presencia en dicha zona, el propio gobierno se echó para atrás y dejó en vilo una posibilidad de paz con el ELN. Todos los esfuerzos gubernamentales, de la sociedad civil y de la comunidad internacional siguieron concentrados, mientras se mantuvo, en el proceso del Caguán.
 
En los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 2006) (2006 – 2010) no hubo espacio político posible ni oferta atractiva para la insurgencia que los convocara a unas negociaciones de paz. Uribe se concentró en recuperar para el Estado el monopolio de la lucha contrainsurgente mediante una desmovilización pactada de los grupos paramilitares. Hacia las guerrillas, en el marco de su estrategia contrainsurgente denominada de “Seguridad Democrática” estimuló las deserciones individuales a cambio de recompensas por la entrega de información, armas y mandos de la guerrilla. Su estrategia de confrontación militar solo daba espacio para una rendición de la insurgencia y su sometimiento a la justicia. Si en los gobiernos con iniciativas de negociación de paz el ELN había jugado de segundo, en los gobiernos de la “Seguridad Democrática” el ELN existía solo si aceptaba un pacto de rendición indigno y deshonroso para su historia como la segunda organización guerrillera del país.

La esperanza de un lugar de primera línea en las negociaciones de paz volvió con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de buscar poner fin al conflicto armado mediante un acuerdo de paz. Santos, contrario a su antecesor Uribe Vélez, empezó por reconocer la existencia de un conflicto armado de naturaleza política, empujó la aprobación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras en el Congreso en el año 2011 y activó contactos para una fase exploratoria con las Farc que luego de una negociación de mas de 5 años en La Habana concluyó en el 2016 con el Acuerdo de La Habana y su ajustado Acuerdo del Teatro Colon después de los resultados del plebiscito por la paz.

Aunque Juan Manuel Santos nunca olvidó una negociación con el ELN, siempre le otorgó un lugar secundario. El ELN quiso mantener una interlocución con las Farc y hasta hicieron declaraciones conjuntas en las que afirmaban que la Mesa de La Habana entre gobierno y Farc seria simultanea y complementaria de una Mesa Gobierno-ELN. El propio Santos le pidió al entonces presidente venezolano Hugo Chávez su intermediación para explorar una negociación simultanea con el ELN. Y al entonces presidente de Ecuador Rafael Correa, le solicitó su hospitalidad y apoyo para instalar la Mesa de Negociaciones en Quito, que luego ante el cambio de gobierno en Ecuador y por razones de seguridad se trasladó también a La Habana.

Quizás el presidente Santos sintió mas maduras las condiciones para una negociación exitosa con las Farc. Quizás no percibió en el ELN una decisión seria de abandonar la lucha armada. Es probable que en sus cálculos estratégicos consideró que por atender una hipotética negociación con una guerrilla de menor importancia militar y mas inflexible se podía correr el riesgo de enredar un acuerdo mas posible con las Farc, la organización más emblemática y poderosa del país. O se resignó a pensar que el Acuerdo de Paz con las Farc atraería por si solo al ELN a un escenario de paz. Y si bien Santos acertó con las Farc, se equivocó con el ELN. Al final dejó avanzada una Mesa de Dialogo en La Habana con una agenda pactada, unos mecanismos internacionales de acompañamiento y unos voceros de las partes, que el presidente Iván Duque no dudó en desestimar luego del equivocado atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander perpetrado en Bogotá en enero de 2019.

A manera de epílogo

Estamos en un momento critico para la paz y para el cierre definitivo del conflicto. Aun así, hay razones para perseverar. Al gobierno Duque le corresponde como obligación de Estado implementar plenamente los Acuerdos con las Farc. Hacerlo significa asfixiar política y territorialmente el conflicto entre Estado y ELN, terminar de quitarle legitimidad a la lucha armada y acercarnos a una paz completa.

Esta vez como nunca el ELN juega solo como interlocutor para una negociación de paz, si este o el próximo gobierno se decide a buscar la paz mas esquiva que hayamos tenido en nuestra historia reciente. Ello significaría por sustracción de materia superar la reiterada costumbre gubernamental de asumir al ELN como segundo en las prioridades de la paz.

Y esta vez el ELN tiene la oportunidad de liberarse de sus rigideces y entender que su papel en el actual momento del país es disponerse a salir del conflicto mediante una negociación ofreciendo su contribución a una paz completa, estable y duradera.