Por Laura Camila Díaz

Judicante – Unidad Trabajo Legislativo Senador Antonio Sanguino

En Colombia no “cesa la horrible noche”. Los actores que históricamente generaban zozobra y miedo en el territorio colombiano, hicieron tránsito civil, entregaron más de 9000 armas y se transformaron en un partido político gracias a la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el estado colombiano y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el pasado 24 de noviembre de 2016.

A pesar de que la firma del acuerdo de paz  permitió que cesaran los ataques contra la población civil y disminuyera el número de muertes derivadas por el conflicto armado,  la alzada de violencia por el asesinato sistemático  de líderes y lideresas sociales en Colombia va en aumento; según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde la firma del acuerdo de paz han muerto más de 343 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

La lucha ardua por la consolidación de una paz estable y duradera ha sido la bandera que cientos de líderes y lideresas sociales han llevado a las comunidades más alejadas y olvidadas por el Estado, quienes con su trabajo y esfuerzo, anhelan construir tejido social y hacer realidad el sueño de la paz.  Sin embargo y sin entender las razones, en los últimos dos años se han incrementado las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de éstos líderes y lideresas sociales en todo el país.

¿Cómo es posible que personas que incentiven la participación activa de la comunidad a través del ejercicio y defensa de los derechos humanos, no tengan garantías para ejercer tan importante labor? El objetivo de quien acaba con la vida de un líder o lideresa social, es acallar la voz de una comunidad olvidada que intenta resurgir de los horrores de la guerra; la finalidad de acabar con la vida de un líder social, es generar miedo y zozobra en la población que representa. Quien asesina a un líder social, no sólo asesina las esperanzas de su familia, sino  además,  asesina las esperanzas de toda una comunidad.

Hoy me uno a las voces de millones de Colombianos y Colombianas, que exigen del Estado medidas de protección que garanticen la participación activa de quienes en representación de los más humildes empuñan las armas de las ideas en defensa de la paz y el territorio.

Es hora de que  “cese la horrible noche”, es hora de actuar y no hacer parte del silencio cómplice de estos asesinatos, es hora de que se dé cumplimiento al artículo 11° de la Carta Política: “el derecho a la vida es inviolable”.

¡Ni uno más! ¡Ni una más!