Por Antonio Sanguino

Senador Partido Alianza Verde

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores –CARE- es un organismo decorativo. Con un excesivo peso y presencia de los expresidentes de la República y convocada esporádicamente para que funcione como comisión de aplausos del Jefe de Estado, la CARE hoy no cumple ningún papel en el diseño y seguimiento de nuestra política exterior. Y ello afecta la dimensión de política de Estado que debe caracterizar nuestra acción diplomática.

El Presidente y el Congreso deben entender que un Estado sólido se mide no sólo por su capacidad para ocupar integralmente el territorio. También se mide por su política exterior. Su respetabilidad en el concierto internacional, con mayor razón en estos tiempos globalizados, dependen de la manera como se encaran desafíos globales como la paz mundial, la seguridad internacional, los acuerdos económicos y comerciales, los fenómenos migratorios y los problemas ambientales. Es una tarea de gobierno, cuya competencia ha sido delegada por la Constitución al Presidente de la República y a su Canciller, pero que exige una dimensión de política de Estado y un soporte técnico cada vez más cualificado y potente.

En los últimos años y en especial en lo corrido del Gobierno Duque, las relaciones exteriores de Colombia han revelado su enorme fragilidad y su excesiva politización. La pérdida de parte de nuestro mar territorial con Nicaragua ha sido la derrota diplomática más importante de los últimos tiempos de Colombia. Son muchas las voces calificadas que atribuyen dicho revés a la débil defensa técnica y jurídica y a la soledad con la que los últimos gobiernos encararon este litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con el retorno del Uribismo al poder, volvimos al estilo pendenciero ante el vecindario, la genuflexión vergonzosa ante EEUU, la ideologización de derecha en nuestras relaciones exteriores y el irrespeto a la normatividad e institucionalidad internacional. El fracasado «cerco diplomático» a Venezuela, la errática aventura en la promoción del «Grupo de Lima», la salida de Unasur por considerarla de izquierda para promocionar una Prosur de derecha y la indigna aplicación en el país de la política antidrogas gringa, son los más elocuentes ejemplos.

No es ninguna novedad hablar del clientelismo diplomático y del politizado funcionamiento y baja profesionalización del servicio exterior. Según información del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, de las 59 embajadas de Colombia en el mundo, solo 9 de ellas tienen como embajadores a personas pertenecientes a la carrera diplomática y consular formada en la Academia Augusto Ramírez Ocampo. Quiere decir que sólo el 16% de los funcionarios en embajadas y organismos internacionales están realmente formados para el servicio exterior. Situación que se ha agravado en este gobierno cuyos nombramientos en embajadas, consulados y organismos internacionales han recaído en furibundos y fanáticos uribistas. Situación que contrasta con países como Brasil, para no ir muy lejos, que ha conservado estructuralmente su política exterior desde el primer gobierno de Lula y ha logrado un 100% de profesionalización de su servicio exterior con personal de carrera diplomática y consular.

Colombia, además del abuso politiquero de su representación internacional, solo cuenta con un órgano consultivo que en teoría le daría recomendaciones y conceptos «técnicos»  al Presidente sobre temas cruciales para las relaciones internacionales como la política internacional, las relaciones diplomáticas y la celebración de tratados públicos, la seguridad exterior de Colombia, los límites terrestres y marítimos, el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua y plataforma continental del país, y la profesionalización del servicio exterior a través de la reglamentación de la carrera diplomática y consular. Este órgano denominado Comisión Asesora de Relaciones Exteriores –CARE- creada por el artículo 225 de la Constitución y reglamentada por la Ley 68 de 1993 tiene una composición y una reglamentación que la ha convertido en una Comisión decorativa pocas veces convocada y sin ningún perfil técnico. En tiempos de Santos fue claro el saboteo de los expresidentes Uribe y Pastrana cuando fueron convocados y en la era Duque ni siquiera los momentos más graves de la crisis diplomática con Venezuela merecieron su convocatoria.

Estas razones han motivado la presentación de un proyecto de ley de mi autoría ante el Congreso de la República que reestructure la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores modificando su composición, elevando su perfil técnico y obligando a su convocatoria periódica para que efectivamente cumpla su papel asesor del Presidente y le conceda una dimensión de política de Estado a nuestras relaciones internacionales. Este Proyecto de Ley busca excluir los expresidentes de la CARE, vinculando expertos en materia de política exterior del sector público y privado del más alto nivel, manteniendo la representación de la oposición, estableciendo reuniones obligatorias ordinarias cada seis meses convocadas por el Presidente y obligar a que presente al Congreso un Libro Blanco que establezca el marco estratégico de la política exterior. Esta nueva CARE deberá periódicamente rendir cuentas ante las comisiones segundas de Senado y Cámara. Una nueva y potente Comisión Asesora de Relaciones Exteriores representaría un salto cualitativo que nos salvaría de la improvisación, la frivolidad, la ideologización, la politiquería en nuestra relación con el mundo. Y un paso en la construcción de nuestra soberanía nacional.