El Senador Antonio Sanguino y su unidad de trabajo legislativo están estudiando los contratos que están suscribiendo las alcaldías y gobernaciones, en el marco de la declaratoria de emergencia por el Covid-19. Si bien, el Decreto 458 de 2020 otorgó competencias especiales a los entes territoriales para adelantar procesos de Contratación Directa, con el fin de resolver rápidamente las necesidades básicas a la población más vulnerable, resulta urgente poner la lupa sobre estos contratos. Lo recolectado en este especial será presentado ante las autoridades competentes para que adelanten su correspondiente investigación.

En el siguiente especial podrá ver las presuntas irregularidades en contratación por municipio:

Chía – Cundinamarca

Idoneidad del Contratado:​

En Chía, la Alcaldía suscribió un contrato con la “Fundación Juventud y Vida” para la “adquisición de elementos para evitar la transmision y propagacion del Covid-19”. En el Registro Único Empresarial (RUES) de esta Fundación, se describen las siguientes actividades económicas: 9499: Actividades de otras asociaciones; 5621: Catering para eventos; 8230: Organización de convenciones y eventos comerciales; 9008: Otras actividades de espectáculos en vivo. Llama la atención que para la contratación de suministros del sector salud y de protección, se contrate a una fundación dedicada a los eventos, espectáculos o eventos comerciales.

Además, al Alcalde Luis Carlos Segura se le ha señalado de favorecimiento al contratista por su cercanía con el representante legal de la Fundación, José Arley Cruz Sichacá, quien apoyó su candidatura y aparece en una fotografía en el acto de la entrega de la credencial junto con la Concejal July González del Partido Conservador, a quien también le hizo campaña.

Presuntos sobrecostos:

El contrato inicial suscrito con esta misma Fundación tuvo presuntos sobrecostos. La Veeduría Ágora Civitas, presentó la denuncia por sobrecostos en la contratación de elementos y materiales para prevenir el contagio de Covid-19. Esta denuncia fue expuesta en el periódico El Espectador, por lo que la alcaldía modificó el contrato y reducir su valor (ver nuevo contrato). Sin embargo, nuevamente la Veeduría Ágora Civitas encontró presuntas irregularidades en los precios. Por ejemplo:

Susa – Cundinamarca

Presuntos sobrecostos:

El ciudadano Iván David Fuquene Ávila denunció presuntos sobrecostos en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Susa y la empresa Vagamma Inversiones, para la compra de kits nutricionales, de aseo y de limpieza  de este contrato. Después de conocerse la denuncia, la alcaldía emitió una modificación al contrato, aduciendo “errores aritméticos” en el contrato inicial. Sin embargo, en este persisten presuntos sobrecostos. Por ejemplo:

 

Guaduas – Cundinamarca

Idoneidad del Contratado:

La Alcaldía de Guaduas suscribió dos contratos con la Fundación PM2 para suministrar kits alimenticios y productos de aseo, por un valor de 560 millones los dos. La primera presunta irregularidad es que su domicilio esté registrado en Honda, departamento del Tolima, como lo expone su RUES.

Además, tambien en su RUES, la Fundación PM2 reporta las siguientes actividades económicas, muy poco relacionadas con el objeto del contrato:

“8230: Organización de convenciones y eventos comerciales; 0161: Actividades de apoyo a la agricultura; 4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil; 9499: Actividades de otras asociaciones n.c.p.”.

Presuntos sobrecostos:

También, se presume que hubo sobrecostos en los contratos con la Fundación PM2, que fueron advertidos por el Veedor Fernando Santander en entrevista con W Radio.  

Revisando el contrato y comparando con los precios en el mercado, se envidencian algunos sobrecostos:

Es importante aclarar que después de darse a conocer la denuncia por medios de comunicación, estos contratos fueron liquidados por la alcaldía y la Fundación no generó ningún cobro al municipio. Sin embargo, es importante la investigación de los entes de control.

Ibagué – Tolima

Idoneidad del Contratado:

En Ibagué, la Alcaldía contrató a los reconocidos “Supermercados Mercacentro- Grupo Enred S.A.” representada legalmente por Carlos José Alvarado Parra.

El señor, Carlos José Alvarado a mediados del 2010 estuvo investigado penalmente por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía. El proceso se cerró a favor del investigado ese año. No obstante, en el año 2018 se reabrió a partir de nuevas declaraciones dadas.

Presuntos sobrecostos:

Ibagué no escapó de los sobrecostos. Pudimos verificar los costos de Mercacentro al plúblico comparándolos con los valores contratados por el municipio y estos fueron los resultados:

La tabla anterior, nos demuestra que en este contrato de $5.575 millones de pesos, se refleja una diferencia de cerca de 814 millones de pesos, unos 15 mil pesos por kit de mercado contratado; para un aproximado de 15% en sobrecosto total.

La información se constató con la publicada en el SECOP II y facturas que nos hicieron llegar de una compra de los mismos artículos en MERCACENTRO, con fecha abril 2020.

¿Clientelismo político con las ayudas humanitarias?

El Presidente del Concejo de Ibagué, presuntamente, participó como intermediario en la identificación de posibles beneficiarios, lo cual no corresponde a sus competencias como servidor público y exponemos en esta denuncia, para examinar si es considerado cómo falta disciplinaría, y que como consecuencia podría obtener la apertura de un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría.

Malambo – Atlántico

Politización en las entregas de ayudas humanitarias.

La alcaldía de Malambo suscribió un contrato con la misma Fundación que la alcaldía de Soledad: “Fundación El Lirio de los Valles”. No obstante, en este municipio pareciera que los concejales se quieren beneficiar políticamente de la entrega de ayudas humanitarias durante la emergencia del Covid-19. El alcalde Rumenigge Monsalve publicó un video en sus redes sociales en compañía de varios concejales en el que exponen los mercados que entregarán a la población vulnerable y justificando la contratación con la “Fundación El Lirio de los Valles”.

Así mismo, en las redes sociales de los concejales tambien fue evidente su participación de los Concejales en la entregas de la ayudas humanitarias, contraviniendo lo dicho por la Procuraduría General de la Nación.

Además, el contrato suscrito entre la alcaldía y la “Fundación El Lirio de los Valles” se cargó al SECOP con 3 semanas de retraso, poniendo en duda la transparencia del mismo.

Soledad – Atlántico

Idoneidad del Contratado:

En Soledad, así como en Malambo, la Alcaldía contrató a la “Fundación El Lirio de los Valles”, cuyo domicilio se encuentra en Barranquilla y al parecer es una “sede fantasma”. Es extraño pensar, que a los alcaldes de estos municipios les fue más fácil ir hasta Barranquilla, que pedir a comerciantes de sus municipios los mismos productos.

Además, la “Fundación el Lirio de los Valles” no se escapa de la esfera de lo electoral, ya que, uno de los miembros de su junta directiva, Jordan David Macías Beleño, fue candidato a Edil de la localidad suroriente de la ciudad de Barranquilla por el Partido AICO. ¿Esto permitiría suponer que se están devolviendo apoyos políticos, como suele hacerse, a través de contratación?

 

Cabe resaltar que en los contratos suscritos con esta fundación, no se encontraron detallados el valor unitario de cada artículo en la respectiva ficha técnica, ni en el contrato ni en ninguno de sus documentos previos, lo cual supone, una obstaculización a la verificación por parte de las veedurías ciudadanas y diferentes actores que deseen realizar seguimiento para garantizar la transparencia en la contratación.

Barranquilla – Atlántico

Presuntos sobrecostos:

En la ciudad de Barranquilla se hizo un contrato por más de 18 mil millones, de los cuales, el 25% (es decir, más de 4.500 millones) estaban destinados a servicios logísticos: “Administración, empaque, logística y entrega final”.

El gran interrogante es: ¿Si se pagaron 4.500 millones para logística y transporte, por qué el 13 de abril se convocó a una multitud a recoger sus kits de alimentación en el Estadio Metropolitano?

Sincelejo – Sucre

Idoneidad del Contratado:

En este municipio, los casos correspondieron a sociedades simplificadas recién creadas.

En este caso, se ha cuestionado la selección objetiva para celebrar contrato con la Sociedad SURTIVIVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. que fue constituida el 27 de diciembre de 2019, según consta en certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Sincelejo. Por estar recién creada esta empresa, se ha puesto en duda si cuenta o no con la experiencia necesaria para celebrar este tipo de contratos.

Llama la atención que los contratos 003 y 004, fueron celebraros el mismo día (24 de marzo), por el mismo valor (1´999.950.000), misma cantidad de kits (13.333), mismas fichas técnicas y mismos valores y cantidades de artículos; pero cada uno de ellos se firmó con empresas diferentes. ¿Acaso estos dos proponentes se pusieron de acuerdo en presentar la misma ficha técnica y tablas de precios?

La primera irregularidad que encontramos es que no se detalla el valor unitario que pagó la alcaldía por cada artículo incluido en el mercado. A raíz de los cuestionamientos públicos a la Alcaldía, el día 15 de abril fue publicado la página oficial del SECOP un reajuste fechado a 31 de marzo, en el cual, bajaron el valor total del contrato a la suma de $1,769,489,095; con lo que a la misma cantidad de kits (13.333). Esto supone entonces, que cada mercado queda en $132.715.

Aun así, al momento de comparar estos precios, con los precios de almacenes de cadena en valor unitario, nos arroja un valor estimado del kit inferior al contratado como lo demuestra el siguiente cuadro:

En cualquiera de los casos, a valor de $150.000 o de $132.715, no es posible encontrar razonadamente una estimación a las diferencias de costos entre lo que pagó el municipio, frente al costo ordinario de los mismos artículos en grandes superficies, tiendas de barrio o minimarket. De lo anterior se colige, la existencia de irregularidades que deben ser investigadas por los entes de control.

Floridablanca – Santander

En Floridablanca, Santander este acto de presunta corrupción ha sido públicamente rechazado y reprochado por la ciudadanía. Puntualmente, por el hecho de haber pagado la suma de $6.400 por un kilo de arroz. El contrato tuvo un valor inicial de $630,320,000; más una primera adición por valor de $630,320,000; y, una segunda adición por valor de $929,978,448.

De manera inequívoca, la administración reconoció que se había pagado la suma de $6.400 por un kilo de arroz, motivo por el cual procedieron a hacer un reajuste mediante Acta fechada 8 de abril y publicada el 15 de abril ante el SECOP.

Ahora bien, todos estos reajustes sucedieron con posterioridad a las quejas ciudadanas, y aunque aún con estos, fueron insatisfechas las explicaciones y costos de otros productos tales como el aceite x 900ml pagado a $7.072.

Al consultar en almacenes de cadena, un kilo de arroz y un litro de aceite vegetal (promediando el valor al público de diferentes marcas), se encuentran en precios por debajo de los comprados por el alcalde de Floridablanca a la señora Ledys Herrera Villamizar.

Cesar

En reiteradas ocaciones, el Senador Antonio Sanguino ha denunciado las irregularidades que se han presentado en la contratación de kits alimenticios por parte de la Gobernación del Cesar. En primera instancia, el senador presentó a los entes de control una denuncia por la ausencia en la publicación de los contratos de mercados que ya había anunciado el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Después de darse a conocer, la Gobernación procedió a publicar los contratos, que se evaluaron y se encontraron presuntas irregularidades:

¿Quién firmó los contratos?

* Los contratos fueron firmados por la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, quién sería la compañera sentimental del ex funcionario Jaime Luis Fuentes Pumarejo.

* Fuentes Pumarejo ocupó el mismo cargo en anterior mandato de Monsalvo y durante el gobierno de Franco Ovalle, pero salió sancionado en segunda instancia por la Contraloría por sobrecostos en el PAE y favorecimiento al consorcio contratista.

*  Por esos mismos hechos, Fuentes Pumarejo es investigado penalmente por la Fiscalía, junto a Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, exsecretario de Educación de la Gobernación, e Ivis del Carmen Rosado Robles, representante legal del Consorcio ‘Alimentando ‘Un Cesar más educado´.

Empresas que no cumplen con el objeto social para ejecutar el contrato:

*  El contratista COINSTOR SAS tiene como actividades principales de objeto social: «la fabricación de diferentes tipos de colchones”, “construcción de otras obras de ingeniería civil”. Y el objeto del contrato con la Gobernación tiene una finalidad muy diferente: “adquisicion de kits mercados para la atencion de la población vulnerable”

Fraccionamiento de la contratación:

• El Gobernador Monsalvo optó por celebrar 41 contratos con diversos proveedores tan disímiles como PERSONAS NATURALES, FUNDACIONES Y EMPRESAS SIN EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS.

CONTRATOS CON FUNDACIONES:

Del total de los $17.054 millones contratados, $2.645 millones los contrató con cuatro fundaciones:

* Fundación Visión Caribe (NIT 824005847-3): un contrato por $367.140.000, para 2.900 mercados.

* Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos (NIT 900117555-4): dos contratos, uno por $405.102.000 para 3.200 mercados y otro por $227.880.000, para 1.800 mercados, para un total de $632.982.000.

* Fundación por un vivir mejor (NIT 8240003480-5): un contrato por $633.000.000, para 5.000 mercados.

* Fundación Abiezer del Cesar (NIT 900301091-7): un contrato por $1.012.824.000, para 8.000 mercados

La Procuraduría realizó visitas de inspección a las direcciones de las cuatro fundaciones seleccionadas por la Gobernación:

En una primera visita a la dirección de FUDSOCIAL, ubicada en la carrera 12 No. 13 B – 16, piso 3, se encontró el inmueble desocupado.

Algo parecido ocurrió en la inspección ocular realizada a la Fundación Visión Caribe. Como puede apreciarse en la fotografía, el inmueble no tiene letrero alusivo a la fundación y también se encontraba sin alguien que respondiera a la puerta.

El mismo patrón se encontró en FunviMejor, una entidad sin ánimo de lucro, cuya dirección registrada es la carrera 13 No. 9A-57 de Valledupar, pero cuyo inmueble, sin letreros que indentifiquen a la fundación, corresponde a una casa de familia que tiene un letrero que indica que allí se arriendan habitaciones.

Finalmente, la pesquisa del ente de control determinó que en la dirección reportada por la Fundación Abiezer, la entidad que celebró el contrato más cuantioso por más de $1.000 millones, funciona, en realidad, una academia de chóferes en el primer piso, y en el segundo piso donde supuestamente debería funcionar la fundación no hubo nadie que respondiera a los llamados.

Presuntos sobrecostos:

Como lo advertimos a los entes de control en nuestro escrito del 14 de abril, y como concluye la Procuraduría General de la Nación, no existe evidencia de que la Gobernación haya revisado el contenido de los mercados entregados por los contratistas en los municipios, de tal modo que pudiera corroborar las cantidades y productos entregados a la comunidad, lo que podría evidenciar una vulneración del principio de responsabilidad; así como su verdadero costo.

No obstante, al realizar la sumatoria de los 31 contratos cuyo objeto es la “adquisición de kits mercados”, el valor resultante es de TRECE MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS ($13.120.744.290).

Llama la atención que la gobernación, por aparte, contrató $182´666.064 de leche en polvo, $95´421.980 de aceite y $97.163.430 en café y frijol, que serían incluidos en los mencionados kits de mercados; para un total de $375´251.474, en artículos cuyo costo no se puede determinar si ya habían sido asumidos por el contrato principal.

Esto quiere decir, que el valor final de dichos mercados, según la información que reposa en el SECOP, es realmente de TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($13.495.995.764).

Así las cosas, hay una suma bastante notable de SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETESIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($608´115.764), entre la cifra que dio el Secretario de Gobierno ($12´887.880.000) y la que se encuentra consignada en la página web del SECOP. Esto, sin entrar a detallar el sobrecosto de cada mercado.

Ahora bien, la Gobernación informó que el costo individual final de cada kit de mercado, es de $126.600 (Incluyendo valor estampilla), de acuerdo a la información dada por el Secretario de Gobierno departamental.

En un ejercicio que hizo el Diputado Ricardo “Quintín” Quintero, al emular la compra en un supermercado de cadena (Olímpica) equivalente al contenido que estaría entregado la gobernación en los cuestionados mercados, el costo comercial al detal arrojado es de $81.520.

De suerte que, al restar el valor estimado comercial del kit ($81.520), al valor oficial pagado por la gobernación ($126.600), nos evidencia que existiría un sobrecosto estimado de $45.080 por mercado; multiplicando ese monto diferencial ($45.080) por el número total de kits a entregarse (101.800), el resultado del sobrecosto sería de CUATRO MIL MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($4.589’144.000), con lo que se podrían comprar hasta 55 MIL MERCADOS MÁS, de los mismos que compró Monsalvo.

Compra emulada por el Diputado Ricardo “Quintín” Quintero, en el supermercado Olímpica.

No olvidar que a éste valor hay que sumarle SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETESIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($608´115.764), correspondientes a la diferencia en cifras de las cuantías que reportó el ente territorial a la plataforma SECOP.