En su último especial, la Revista Semana reveló lo que sería el entramado más grande de los últimos tiempos para adelantar seguimientos e interceptaciones a dirigentes y líderes de la oposición. Entre ellos el Senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde.

Bogotá, 04 de abril de 2020. Después de conocerse el informe especial en el que la Revista Semana revelara cómo miembros de los cuerpos de inteligencia del ejército adelantaban seguimientos e interceptaciones contra al menos 130 personas, entre periodistas, líderes y políticos de la oposición. En el documento revelado por el medio de comunicación, se pudo comprobar que altos mandos de las FFMM estarían utilizando recursos de cooperación de EEUU para la lucha contra el narcotráfico. De la Alianza Verde, se encontraban siendo interceptados, el senador Antonio Sanguino, la senadora Angélica Lozano y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero.

En la carta enviada al Presidente Iván Duque, los congresistas le expresan la necesidad de esclarecer quiénes dieron la orden de iniciar estos operativos y también de enviar un mensaje claro de rechazo a estos actos por parte de las FFMM. “Usted ha dicho que rechaza esta clase de actividades ilegales. Pero nos ha sorprendido que al ser llamada a calificar servicios el oficial que condujo el Ejército en el período de estos hechos, el general (r) Nicasio Martínez Espinel, fue objeto de exaltación por parte suya. Aún recordamos que, a pesar de acusaciones formuladas contra el general Martínez por presuntas violaciones de derechos humanos, Usted afirmó que él debía ser objeto de “toda nuestra gratitud”. Señala la carta.

Finalmente, los congresistas firmantes de la carta, le informan al Presidente de la República que toda la información recopilada de este nuevo caso de chuzadas por parte de una entidad del Estado, serán enviadas a instancias internacionales. “Le informamos que ante la ausencia de respuesta a estos repetidos hechos acudiremos no solo a las instancias judiciales nacionales, sino que enviaremos información detallada a todas las instancias internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos y al Congreso de los Estados Unidos,” concluye el documento.

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