Colombia se precia de ser la “Atenas suramericana”, la más estable democracia, que solo tuvo en los últimos años el insuceso del golpe militar de Rojas Pinilla.  Los gobernantes responden que somos un país civilizado, con división de poderes, estable, donde hay el “ejercicio pleno para ejercer la libertad de prensa” y dónde la oposición tiene “garantizados” todos sus derechos.

Pero, esta «democracia» se da el lujo de ser el país más violento del mundo, donde han ocurrido el mayor número de masacres, desapariciones y desplazamientos masivos de personas. No nos horrorizamos con lo ocurrido en los Montes de María, en dónde paramilitares usaron hornos crematorios para asesinar personas. O los pozos de ácido para desaparecer seres humanos, o también las casas de pique donde se descuartizan a ciudadanos en su mayoría campesinos e indígenas sumergidos en un conflicto que nada tiene que ver con ellos.

Hemos vivido el conflicto armado interno más execrable y violento del mundo, y lo que es peor, tenemos una sociedad insensibilizada, dividida, polarizada, que vota mayoritariamente contra la Paz y la reconciliación.

No es un secreto que en Colombia que agencias del Estado use los centros de la institucionalidad colombiana para chuzar, perseguir y amedrentar a todo aquel que no siga sus lineamientos. No es gratis que estén condenados “los buenos muchachos” como Jorge Noguera y José Miguel Narváez, director y subdirector del antiguo DAS por actos criminales, como el asesinato del profesor Andrés Correa, o el magnicidio del humorista Jaime Garzón. No nos avergüenza que se haya asesinado a 4 candidatos presidenciales, o que se haya desaparecido a todo un partido político como la UP (Unión Patriótica), a quien le asesinaron a más de cinco mil de sus integrantes.

Esta Colombia gobernada por una élite sin honor y pudor, que mata y asesina con ley o sin ella, que roba y no se sonroja con fenómenos de corrupción,  se alzan con los recursos públicos. Como el casos de Guavio, Foncolpuertos, Cajanal, Dragacol, la DIAN, Agro Ingreso Seguro, odebrecht, o el caso más emblemático de corrupción, el de la dirección de estupefacientes donde agentes del Estado le robaron hasta los bienes decomisados a los narcotraficantes.

Ayer gobernaron con el Estado de sitio, hoy lo hacen con el estado de excepción, con la emergencia generada por el Covid-19 el Gobierno del presidente Iván Duque en 30 días profirió 73 decreto legislativos, la mayoría para favorecer el sector financiero, y los grandes empresarios como con los recursos de Finagro que no llegaron ni al pequeño o mediano productor del campo. Por su parte, el Congreso legisla de manera virtual, cómplice en su mayoría, sin control político, sólo el esfuerzo de la bancada alternativa que en medio de las dificultades de la pandemia hace escuchar la voz de las comunidades silenciadas.

El Gobierno del presidente Iván Duque se gasta los recursos públicos en camionetas, furgonetas y pertrechos para que el ESMAD siga reprimiendo las voces que se apagan por el hambre, o sin empacho destinan más de 3.000 millones para mejorar su imagen en tiempos de pandemia cuando se necesita austeridad.

Un Gobierno sin control, sin Congreso, sin prensa libre y con persecución a la ciudadanía, un país sin libertades, sin derechos, un país limitado en sus derechos de libre locomoción, un país que muere en campos y ciudades por hambre generada por la pandemia, un país donde aumenta el trapo rojo, no puede ser más que  un país donde impera la dictadura…