Por Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde. 

Lo sabía. La Presidencia de la República estaba plenamente informada. Desde los primeros días de julio de 2109, con los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, denunciamos públicamente la existencia de un plan de seguimientos ilegales contra un grupo importante de periodistas y líderes de oposición, entre los que nos encontrábamos. Las informaciones recibidas precisaban fechas, sitios y protagonistas. Según nuestra fuente, desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) recogerían información para campañas de desprestigio en medios y redes, entrampamientos judiciales y acciones contra la seguridad personal de las víctimas. Luego supimos, gracias a la Revista Semana, en su edición del 5 de enero de 2020, que esta operación de espionaje ilegal se adelantaba, no desde la DNI sino desde la central de inteligencia del Ejército Nacional; que las víctimas sumábamos por lo menos 130 personas y que el objetivo era desviar la atención de quienes lo hacían, por si la información se filtraba.

El 6 de julio del 2019, mediante derecho de petición a la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, indagamos por esta operación de espionaje. Ese mismo día y con extraña celeridad, la DNI precipitó su rechazo a nuestras denuncias mediante comunicado de prensa. Lo que resulta aún más extraño es que el 12 de julio el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) traslada nuestra preocupación al fiscal general (e) Fabio Espitia, mientras sólo cuatro días después, el mismo Dapre, mediante oficio OF119-00078695, citando a la DNI, concluye que «no se adelantan operaciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia del Estado (…) sobre objetivos políticos (…). 

Entre el 24 de julio y el 20 de septiembre, el Palacio de Nariño, a través del Dapre se negó una y otra vez a entregarnos la información de la DNI sobre nuestros requerimientos, mientras aclaraban que, según la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, no existían alteraciones en nuestro nivel de riesgo e insistían en la competencia de la Fiscalía para adelantar las investigaciones respectivas. Al tiempo éramos objeto de amenazas firmadas por Las Águilas Negras o detectábamos, como en mi caso, extraños seguimientos en nuestros desplazamientos cotidianos. Una nueva sorpresa nos llevaríamos el 16 de diciembre: la Presidencia de la República por intermedio del Dapre remite para nuestro conocimiento el oficio 2-2019-2036 firmado por el director de la DNI anexando la orden de archivo de la indagación sobre estos hechos por parte de la Fiscalía General.

Es evidente que el gobierno Duque falta a la verdad cuando olvida esta ruta de tiempo del regreso del espionaje ilegal. Qué mientras la DNI, la Casa de Nariño y la Fiscalía General se tapaban los ojos y los oídos ante nuestras denuncias, desde el corazón de la inteligencia militar se desplegaba una acción de persecución criminal de grandes proporciones. Y que solo reaccionaron cuando las investigaciones periodísticas documentaron sólidamente lo que hacía meses veníamos advirtiendo. El ministro de Defensa y los generales Navarro y Zapateiro ordenaron indagaciones internas solo en los días del primer informe de Semana. Cuando se enteró de la publicación de la segunda parte, el ministro Carlos Holmes Trujillo llamó a calificar servicios a 11 oficiales del Ejército y frenó la designación del exgeneral Nicacio Martínez como embajador ante la OTAN. Sin estas revelaciones, nada hubiéramos sabido y nadie hubiese sido retirado.

El uribismo aún no se pone de acuerdo. No han podido construir un único libreto ante este nuevo escándalo. Mientras unas voces del Centro Democrático minimizan estas nuevas chuzadas afirmando que son simplemente el resultado de información recolectada en fuentes abiertas o en redes sociales, otros se despachan contra las víctimas y contra Semana, su director y contra el periodista que adelantó la investigación, señalándolos como parte de una estrategia de desprestigio y hostigamiento contra el uribismo y las Fuerzas Militares. El Gobierno, por su parte, se victimiza aprovechando que entre los espiados aparece su ex secretario general en Palacio y hoy embajador en el Vaticano, Jorge Mario Eastman.

Resulta inocultable la motivación política de este espionaje militar. Obedece a una tradición de persecución violenta al opositor político que aún defienden sectores totalitarios y de extrema derecha enquistados por mucho tiempos en los aparatos de inteligencia del Estado. Sectores que hacen parte de un proyecto político que considera sospechosa toda expresión de pensamiento crítico que ponga en entredicho los privilegios y exclusiones que representan en la sociedad. No es un asunto de «manzanas podridas», como tampoco es solo responsabilidad de un puñado de coroneles, capitanes y uno que otro general. Establecer todas las responsabilidades penales y políticas de este desafortunado episodio implica proteger nuestro Estado Social y democrático de derecho.