Por Harold Ruiz

Como consecuencia de la presencia de la pandemia del Covid-19, hemos tenido que padecer diferentes situaciones que agravan las condiciones de vida de una ciudadanía que impávida observa cómo los abusos se incrementan, el tener que vivir con el autoritarismo de un Presidente que gobierna a punta de Decretos, que ya son más de cien en esta emergencia. Pero, uno de los mayores padecimientos para los ciudadanos en esta pandemia, son los abusos de las empresas de servicios públicos que en esta crisis poco les importa los sufrimientos de los usuarios y han incrementado el costo de estos servicios.

La respuesta de las empresas de servicios públicos fue que, en los meses de abril y mayo de la primera cuarentena, se cobró sobre la base del promedio, sin tener en cuenta que la mayoría de las actividades como, la comercial, industrial, pública y otras estaban cerradas por el confinamiento obligado que fue ordenado por el Gobierno Nacional y, por lo tanto, no podían facturar los servicios con promedios que incrementaron los normales consumos de algunos los servicios públicos.

La posibilidad de presentar los PQR (Peticiones, Quejas y reclamos), de manera presencial son un viacrucis para los ciudadanos por las largas colas, deben hacerlo de acuerdo a su número de cédula y de manera virtual, que es aún más traumático y, a veces, imposible, porque deliberadamente estas empresas no atienden los PQR de manera virtual, especialmente las empresas de telefonía celular.

Por su parte, el Gobierno nacional sólo emitió un Decreto de Emergencia que prohibió el corte de los servicios públicos y la posibilidad del pago en cuotas de hasta 36 meses con intereses con tasas similares a las que cobra el voraz sector financiero. En algunas ciudades los alcaldes financiaron el pago de un mes del servicio de acueducto para estratos 1 y 2, medida que en algo ayudó mitigar esta difícil situación que enfrentamos por la presencia del Covid19, pero para los demás estratos no ha habido ayuda alguna, y la facturación exagerada no tiene respuesta alguna.

La privatización de los servicios públicos y el control de la politiquería y el clientelismo en las pocas empresas que quedan de propiedad del sector público, incrementa los abusos, los empresarios dueños de estos servicios como en el sector financiero solo les interesa las utilidades, solo les interesa enriquecerse a costa del trabajo honrado de los usuarios, sin importarles el sufrimiento de los mismos, los afectos de la parálisis de la economía, la pérdida de los empleos, la falta de generación de ingresos y el hambre que sufre los colombianos por la pandemia, no son razones para que los perversos dueños de los servicios públicos, quienes sin compasión alguna incrementan desmesuradamente los costos de servicios públicos.

Y como de costumbre, en el país el control sobre estas empresas de servicios públicos no funciona, las comisiones de regulación y la superintendencia, responden solo a sus padrinos políticos, los órganos de control como Procuraduría, Fiscalía y Contraloría hacen mutis por el foro y el ciudadano impotente no encuentra respuesta al alto costo desmesurado de los servicios públicos, sólo los pocos debates de la banca parlamentaria alternativa han permitido la defensa de los usuarios y los reclamos de las organizaciones sociales se hacen sentir frente a los abusos de la voracidad de los dueños de los servicios públicos, que son públicos por su cobertura, pero menos por su función, ya que la privatización de los mismos conspiran contra los derechos de la ciudadanía.

La norma de regulación de los servicios públicos permiten la presencia de los comités de vocales de control, figura tan importante de Veeduría que tristemente se ha convertido en la mayoría de este valioso mecanismo en otras oficinas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos, para los ciudadanos esta situación amerita el fortalecimiento de los comités de entes de control que se coloque en defensa de los usuarios, que la bancada parlamentaria alternativa y las organizaciones sociales, llame a la desobediencia civil, a la protesta ciudadana en el marco de la movilización protegida por la Constitución Política, con el propósito de frenar los abusos de las empresas de servicios públicos y la exigencia de la revisión de la facturación en los meses que ha durado el aislamiento social generada por la pandemia del Covid19.