Por Antonio Sanguino

Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, ha sido el funcionario del Gobierno Nacional más destacado durante la pandemia por el covid-19. Ha brillado por su ineficiencia y abuso de su cargo.

Luego de su paso por la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Álvaro Uribe y de sus fallidas campañas por el Centro Democrático, primero a la Cámara en el 2014 y luego al Senado en el 2018, asumió como Superintendente de Duque el 13 de agosto de 2018, estrenando perversamente las nuevas facultades de un Supersalud que el Congreso le entregó a través de la ley 1949 de 2019 y manipulando a su favor la emergencia del Coronavirus.

Esta Recibió 7 intervenciones forzosas de la anterior administración, pero en lo corrido del Gobierno ha ordenado 13.  A las 20 intervenciones que la Supersalud adelanta hoy a hospitales públicos y EPS privadas, se suman 35 nuevas acciones similares en distintas regiones del país, anunciadas por el propio Aristizábal. Intervenciones que, contrario a esta figura prevista para rescatar la salud pública del desgreño y de las garras de la corrupción y el clientelismo, tienen un manifiesto interés político de golpear a sectores alternativos o adversos al Gobierno Nacional que ejercen el poder en gobernaciones y alcaldías.

El caso más aberrante y escandaloso ha sido el del Hospital Julio Méndez Barreneche, el más importante del departamento del Magdalena, cuya intervención ordenada abruptamente por Aristizábal el pasado 12 de mayo desató la indignación ciudadana en cabeza del gobernador alternativo Carlos Caicedo. La toma de este hospital universitario por parte del Superintendente y 20 funcionarios que llegaron sinuosamente desde Bogotá en vuelo charter en medio de la pandemia, interrumpió inexplicablemente la gestión de Jairo Romo Gerente designado apenas 40 días atrás por el Gobernador Caicedo, quien iniciaba su recuperación y su aprestamiento para enfrentar la pandemia.

Llama poderosamente la atención que Aristizábal ignoró el entramado de irregularidades cometidas por el anterior gerente Tomás Diazgranados que duró 5 años en el cargo, 4 de ellos durante la Gobernación de Rosa Cotes. Solo 10 días después del triunfo de Caicedo ordenó una auditoria que corroboró e incrementó a 52 hallazgos con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales que resultaron de una auditoría adelantada desde el 2017, que el Superintendente mantuvo engavetada mientras Diazgranados, el mandadero de los Cotes, permanecía en la gerencia del hospital.

Lo más sorprendente fue que Aristizabal instaló como agente interventor del Hospital Universitario del Magdalena a Luis Oscar Gálvez Mateus, el mismo que había salido por la puerta de atrás y en medio de cuestionamientos como gerente encargado o agente de la Supersalud en el Hospital Departamental de Villavicencio. Este centro hospitalario fue intervenido en octubre de 2015 hasta enero del 2020 y en marzo del 2019 el Procurador General lo consideró un “monumento a la ineficiencia y el desgreño administrativo” y ordenó investigar la gestión de Gálvez. El pasado 27 de mayo la propia Procuraduría suspendió por irregular un proceso contractual que había dejado armado Gálvez por 4 mil millones de pesos para la facturación y auditoría del hospital. Tampoco se dio cuenta Aristizábal que contra su hombre de confianza en el Hospital del Magdalena, el agente interventor Luis Oscar Gálvez Mateus, cursa un proceso de extinción de dominio ante el Tribunal Superior de Bogotá al tiempo que la Fiscalía General ha incautado cautelarmente dos de sus propiedades en Bogotá y en Arauquita, departamento de Arauca.

Preocupa igualmente la cuestionada intervención del Hospital Regional de San Andrés de Chiriguaná (Cesar) en donde además de posibles hechos de corrupción en la contratación por parte de Germán Gallo, agente interventor designado por la Supersalud, la operación financiera registra resultados negativos. O la del Hospital Alejandro Próspero Reverendo de Santa Marta, convertido por Aristizábal en la caja menor de politiqueros de la región. Este hospital al inicio de la intervención en julio de 2019 registraba un pasivo de $17.272 millones, y a la fecha el pasivo alcanza los 17.908 millones, según la propia Superintendencia de Salud . Mención especial merece la presencia de la firma SAC CONSULTING SAS, calificada por varias fuentes como la “zar” de las contralorías en el sector salud, en varias de las intervenciones de la Supersalud.

Otras indelicadezas éticas que no han podido ser explicadas por el Supersalud: La relación de su cargo con las empresas de su gerente de campaña que además de aparecer como aportantes en sus ejercicio electoral, contratan en el sector que él mismo supervisa. O las decisiones que adoptó en favor de EPS Sanitas, quien también donó 50 millones de pesos a su campaña al Senado. O sus correrías electorales en favor del entonces candidato y hoy Presidente Iván Duque en el departamento de La Guajira en compañía de la ya celebre Cayita Daza, la animada y fluida contertulia del Ñeñe Hernández.

Bastante destacado nos ha resultado el Supersalud Aristizabal.

Fotografía: zonacero.com