Por Antonio Sanguino, Senador de la República

La política exterior del Presidente Duque navega en una inmensa zona gris. Se mueve sinuosamente entre la genuflexión a la arrogante agenda Trump y el desacato a la Constitución Nacional. El último episodio es una verdadera vergüenza ante el mundo. Un inmenso silencio cómplice que protagoniza junto a Estado Unidos, ante la pretensión expansionista israelí de anexar una porción de Cisjordania, mutilando el ya destrozado territorio palestino. Por lo pronto y ante el rechazo del mundo, incluida la Unión Europea y sus históricos aliados en el Reino Unido, esta suerte de Apartheid israelí ha quedado aplazada.

Mención especial también merece el proceder de Duque y sus cancilleres ante la crisis venezolana. “Derrocar a Maduro es nuestra prioridad” sentenció la Canciller Claudia Blum en una reciente entrevista a la Revista Semana. Y su anterior Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, dedicó todo su tiempo, sus giras, su agenda y hasta su cuenta de Twitter a promover la expulsión del Presidente del vecino país. Además, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, una y otra vez, advirtió que en ese propósito ninguna opción estaba descartada, incluyendo una acción o intervención militar. Fracasó el cerco diplomático apoyado en el errático Grupo de Lima, respaldó ciegamente al autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó e hizo un concierto, conato de insurrección presidido por el propio Duque en Cúcuta bajo el formato de un concierto y una acción humanitaria. Como si fuera poco, comprometió nuestro territorio a una acción mercenaria contra Maduro.

Otro episodio gris ha corrido por cuenta de Miguel Ceballos, mal llamado Alto Comisionado para La Paz. Se empecinó en ayudar a destrozar el Acuerdo de Paz con las FARC, cuyo componente internacional es uno de nuestros principales logros recientes en matrería diplomática y se empleó a fondo, aprovechando las inexplicables acciones de guerra y terror del ELN, en destruir la mesa de diálogo que el Gobierno Santos había dejado instalada en La Habana. Desconocer los protocolos de ruptura acordados a instancias de los garantes internacionales Cuba y Noruega; presionar al gobierno cubano para que también violara dichos protocolos y entregara a los delegados ‘elenos’ presentes en la isla y sacar pecho por la inclusión que Trump hizo de Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, revelan una actitud desafiante de Colombia ante la comunidad y el derecho internacional.

Todo ello ocurre en medio de una actitud arrogante y ensimismada del Gobierno en materia de relaciones internacionales. El artículo 225 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 68 de 1993, creó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como un organismo consultivo y asesor del Presidente de la República en materia de política exterior. Un organismo conformado por los ex presidentes de la República, congresistas de ambas cámaras, incluyendo voceros de la oposición y delegados de los demás poderes públicos, para garantizar que nuestra diplomacia mantenga un carácter de política de Estado. En un momento en que el país enfrenta grandes turbulencias en sus relaciones exteriores y en el que el Coronavirus revela el carácter global de las amenazas a la especie humana, es cuando esta Comisión Asesora adquiere especial relevancia como instrumento para construir consensos nacionales y elevar la calidad técnica de nuestras decisiones en ese campo.

Sorprende que mientras en la Presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) esta Comisión sesionó en 10 ocasiones; en el primer periodo (2002-2006) y en el segundo (2006-2010) de Álvaro Uribe lo hizo en 11 y en 6 oportunidades respectivamente, y en los dos periodos de Juan Manuel Santos se reunió 13 veces, el Presidente Iván Duque no ha querido convocarla en una sola ocasión, incumpliendo expresas obligaciones de la Ley 68 de 1993.

Por ello, desde mayo de 2019, mediante derechos de petición, le solicité al Presidente Duque y a su entonces Canciller, Carlos Holmes Trujillo, la citación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Con la negativa presidencial, junto al Senador Iván Cepeda interpusimos una acción de cumplimiento en el mismo sentido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El pasado 13 de mayo fuimos notificados por el propio Tribunal del falló declara el incumplimiento de la Ley 68 por parte del Presidente y la Cancillería y los conmina a convocar a la Comisión dentro de los 5 días hábiles posterior al fallo.

El 6 de julio pasado nos enteramos que el Presidente Duque y su Canciller han decidido, contrario a acatar el fallo del Tribuna y cumplir la ley 68, impugnarlo ante el Consejo de Estado. Han decidido seguir navegando en las zonas grises de la política exterior.

Foto: https://www.celag.org/