Por Antonio Sanguino

Se creían intocables. Inmunes ante la justicia,  blindados para la compra de votos y eternos propietarios del aparato público del departamento. Esta semana la suerte parece cambiarle a ellos y a la ciudadanía cesarense. La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar al gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el gobernador del Clan Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante. Ha quedado demostrado que en su campaña a su primera Gobernacion en el 2011 el vástago de los Gnecco, pactó por escrito ante Notaría con las  comunidades del barrio de invasión Tierra Prometida de Valledupar, protegerlos a cambio de los votos de los invasores. Clientelismo al por mayor. 

Lo ha documentado muy bien León Valencia en su reciente libro “Los Clanes Políticos que mandan en Colombia”. Los clanes políticos, como los Genecco, son “grupos de poder regionales con nexos familiares y/o afinidades políticas, económicas y sociales”. Los Clanes se han convertido en un eslabón político importante en la relación entre las regiones y la nación. Las élites nacionales tradicionales han sustituido una relación moderna de las regiones con la nación fundada en los canales institucionales, por relaciones semifeudales con clanes familiares desprovistos de causas e ideologías cuya órbita de actuación se reduce al interés patrimonial, el abuso del poder y el enriquecimiento con los recursos públicos. “Autoritarismo subnacional” o “dictadura civil” es lo que se configura. Y todo ello ha ocurrido en medio de un entramado de economías ilegales y pactos con bandas criminales y organizaciones paramilitares. 

En el departamento del Cesar, los Gnecco han sabido construir un entramado para protegerse. Han ideado una suerte de testaferrato institucional soportado en funcionarios de segundo nivel a quienes el Gobernador delega la facultad de contratación en asuntos claves, pero que actúan bajo el férreo control del Clan  y quedan condenados a responder penal, fiscal y disciplinariamente por las actuaciones del gobierno, cuando los órganos de control o la justicia escapan a su poder, sus sobornos o su capacidad de cooptación. En caso de que el funcionario o secretario de despacho cae en desgracia, a cambio de su lealtad y silencio, se le nombra un familiar en su mismo cargo. 

Lo anterior lo sustento así: los Gnecco llevan tres periodos consecutivos controlando la gobernación del departamento del Cesar. Desde su primer gobierno el actual gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de la matrona Cielo Gnecco y sobrino del fundador del Clan Lucas Gnecco, se rodeó de un grupo de funcionarios que le cubren la espalda en todo : Cesar Cerchiario De La Rosa, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, Jorge Eliecer Araujo, Omar Enrique Maestre Vélez y Delwin Jimenez Bohórquez. Todos mantuvieron su presencia en el Gobierno de Franco Ovalle, gobernador que sucedió a Monsalvo en el periodo 2015-2019, como producto de un pacto entre el Clan Gnecco y Vargas Lleras.

En este segundo periodo de Monsalvo, Pamela García Mendoza oficia como Secretaria de Educación Departamental como cuota familiar de su cuñado Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, quien dejó el cargo cuando fue sancionado por la Contraloría General por sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar y por favorecimiento al contratista consorcio “Alimentando un Cesar Más Educado».

En este mismo proceso resultó sancionado el entonces Secretario General de la Gobernación, Jaime Luis Fuentes Pumarejo y los representantes legales del Consorcio, contra los cuales cursa un proceso penal en la Fiscalía General por los mismos hechos. Fuentes, ante la imposibilidad legal de mantenerse en el cargo, impuso a Lorena Hernández Dangond como Secretaria General y quien acaba de ser sancionada cautelarmente por la Procuraduría General   por irregularidades en la contratación de alimentos en medio de la pandemia. En el Palacio departamental se afirma que Fuentes, además de sostener un relación sentimental con la  Secretaria General Lorena Hernández, mantenía su propia oficina en ese despacho y ejercía como el verdadero Secretario. 

El otro alfil de los Gnecco, el ex Secretario de Infraestructura Omar Enrique Maestre Vele tiene en su esposa Nicolasa Martínez Echeverría su cuota familiar como gerente del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar IDREEC. Maestre fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad general por 11 años por irregularidades en la licitación pública 015 del 2013 para pavimentar la doble calzada de la Avenida Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz.

La Contraloría Departamental ha resultado un eslabón más en este engranaje y en una suerte de silla giratoria con el gabinete departamental: Cesar Cerchiario De La Rosa saltó del gabinete de Monsalvo a la Contraloría Departamental en tiempos de su socio Franco Ovalle y ahora funge en cabeza de este órgano de control Delwin Jiménez quien además de haber ocupado cargo en el gabinete del anterior Gobernador, es cónyuge de una sobrina de Cielo Gnecco, Gina Daza Gnecco.

Hasta ahora Monsalvo Gnecco, la figura pública del Clan, se sentía blindado con este entramado. Aún sigue amparándose en el argumento de la delegación de la contratación en sus subalternos para evadir sus responsabilidades directas. Hay abundante y sólida jurisprudencia que demuestra lo contrario. Pero parece, con la reciente condena de la Corte Suprema de Justicia en contra, que el blindaje empezó a mostrar fisuras. Sería un cambio democrático para el  Cesar y el Caribe que la vida pública salga de las manos de cualquier clan familiar. Y que la política sea un asunto de las ciudadanías. 

Fotografía: Pares.com