Por Antonio Sanguino

Al Presidente Iván Duque le fascina el pasado. Pero no por una vocación de historiador. Más bien por su anclaje en la agenda de derecha del ahora ex senador Álvaro Uribe Vélez. Su política antidrogas acude a fracasadas estrategias militaristas y a la nefasta fumigación con glifosato. Se lleva por delante el Acuerdo de Paz, particularmente haciendo trizas el punto 4 del pacto entre el Estado y las FARC, porque el Acuerdo trae como aporte novedoso el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-, junto a un tratamiento del consumo de narcóticos como un asunto de salud pública.

Para imponer una política antidrogas militarizada, el Presidente Duque necesita destrozar el PNIS, tarea que le encomendó a Emilio Archila, su Consejero para la Estabilización. Y en efecto lo está logrando. Ni una sola familia nueva vinculada al PNIS adicional a las 99.097 familias que recibió del gobierno Santos, como lo ha venido registrando la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en sus informes desde 2018 al 2020. Peor aún, la Contraloría General de la República señala que de las 82.240 familias beneficiarias de la Asistencia Alimentaria Inmediata se presentaron retrasos en un 41%, un 27% en los apoyos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria y un 34% en la asistencia técnica. Ahora, en el componente de proyectos productivos alternativos, sólo el 0,8% de las familias están vinculadas, a 3 años de implementado el programa.

El Gobierno, a través de Hernando Londoño, director del PNIS, reconoce que de las 99.097 familias beneficiarias 74.229 “recibieron al menos un pago por Asistencia Alimentaria Inmediata”, y no da ninguna explicación sobre las 24.868 que no han recibido ninguna ayuda o las 5.554 familias que han sido excluidas del PNIS.

Además de la suspensión por seis meses del PNIS entre noviembre de 2018 y abril de 2019 “mientras sus asesores lo revisaban”, el Gobierno no ha escatimado esfuerzos para su desmonte. Según la Contraloría entre 2017 y 2019, en la ejecución presupuestal del punto 4 del Acuerdo de Paz hubo una disminución del 54%  y la Ley de Presupuesto del 2020 le asignó al PNIS 1.3 billones cuando se requieren 2.3 billones para cumplir con todos los pagos, compromisos y metas. Al mismo tiempo se produjo un desmantelamiento institucional del PNIS reduciendo su personal y su presupuesto, y eliminando la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República.

Aunque es un misterio el monto de los recursos que el gobierno Duque está invirtiendo en su vigorosa apuesta por el programa de erradicación forzosa, su exhibición es notoria. El 27 de abril del 2019 el propio Presidente Duque dijo desde Pereira: “Recibimos 23 grupos de erradicación, hoy tenemos casi 100. La meta con el Ministro de Defensa es llegar a 150 los grupos”. Desde el primer día de su mandato, el propio Duque ha ejercido una enorme presión sobre la Corte Constitucional, para que le permita reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato y en días recientes el Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos notificó a los Alcaldes del Catatumbo, el uso del glifosato en las operaciones de erradicación forzosa en esta región. Y como es de conocimiento público, la erradicación forzosa es sobre todo una acción militar o cívico militar de ocupación de los territorios cultivados.

Los resultados de esta estrategia son nefastos en materia de violencia y derechos humanos. Según la Fundación Ideas Para La Paz “entre 2009 y 2018 han muerto 126 erradicadores y han resultado heridos otros 664, la mayoría con amputaciones” y “en la mayoría de los casos fueron miembros de las Fuerzas Militares”. También, el  Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria registró 51 incidentes entre campesinos y la Fuerza Pública durante el 2020, 42% de ellos durante la cuarentena por el Coronavirus. En el 6% de los incidentes se registran muertes o asesinatos, y heridos con arma de fuego en el 19% de los casos. Y eso que aún no han llegado las fumigaciones con sus costos ambientales y de salud pública para los ecosistemas, las comunidades y los pequeños cultivadores.

Se necesita ser muy obtuso y excesivamente sumiso a la política antidrogas gringa, como para insistir en una política de erradicación forzosa costosa en dinero, en esfuerzo institucional, en vidas humanas y en impactos ambientales. El Presidente Duque no reconoce que, según las Naciones Unidas, la resiembra en las áreas del PNIS es del 0,2% mientras que en la erradicación forzosa, según su propio Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la resiembra oscila entre el 50 y el 67%. Es muy mezquino además, ignorar que las cifras de disminución de los cultivos, con las que el Gobierno saca pecho, provienen de la sustitución voluntaria y concertada derivada del Acuerdo de Paz. O tal vez, está tercamente obsesionado con el pasado de su jefe político.