Este llamado los hizo el congresista de la Alianza Verde en el desarrollo de la Audiencia Pública ‘Los retos de Colombia ante la ratificación del Acuerdo de Escazú’. La Audiencia estuvo acompañada por diferentes organizaciones ambientales que respaldaron el proyecto de ley y pudieron que se apruebe de manera urgente en el país.

Bogotá, 4 de septiembre. En el marco de la crisis ambienta y social que vive el país por diferentes fenómenos que atentan contra el medio ambiente, se desarrolló la Audiencia Pública Virtual “Los retos de Colombia ante la ratificación del Acuerdo de Escazú”, convocada por la Comisión Segunda del Senado y liderada por el Senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde. La audiencia se enfocó en evaluar el futuro que viene para el país con la ratificación este Acuerdo.

El senador Antonio Sanguino abrió el evento haciendo un balance de como se viene implementando la ratificación del Acuerdo en otros países de Latinoamérica. “Este acuerdo para la agenda verde tiene una importancia especial en las circunstancias actuales por las que atraviesa el país por las decisiones de este Gobierno de promover el Fracking, la megaminería y la aspersión con glifosato”, señaló el senador Antonio Sanguino. También, enfatizó en las escalofriantes cifras de asesinato de líderes ambientales en el país y rechazó la lógica del Gobierno de atribuirle estas muertes al narcotráfico. “Reducir al narcotráfico como único elemento determinante para el asesinato y violación de DDHH de los líderes ambientales podría estar ocultando otros otras variables de las que el Gobierno debe solucionar para cuidar la vida de todos los actores sociales ambientales”, culminó el congresista de la Alianza Verde.

La audiencia pública se dividió en cinco paneles en los que participaron organizaciones ambientales, funcionarios del Gobierno encargados del tema, autoridades locales y actores de la sociedad civil, quienes expusieron diferentes visiones de los retos que afronta Colombia ante la ratificación de este acuerdo ambiental internacional.

El primer panel, “Los retos de Colombia en la ratificación del Acuerdo de Escazú” fue moderado por Mauricio Madrigal, integrante de la Clínica del Medio Ambiente y Salud Pública que inició el primer panel de la Audiencia Pública con la siguiente pregunta: “¿cuáles son los principales aportes del Acuerdo a la gestión pública ambiental?”

En ese sentido, el Ministerio de Ambiente expuso la garantía de derechos que propone fortalecer el acuerdo de Escazú en el país, comparando el atraso de Colombia frente a otros países de la región en materia de derechos y justicia ambiental efectiva. Recalcó el compromiso del Gobierno y el Ministerio de apoyar la implementación del acuerdo en los diferentes territorios especiales del país.

Adriana Mejía, Viceministra de asuntos Multilaterales enfatizó en la necesidad de recordar que Colombia siempre ha estado involucrado y ha impulsado una agenda de medio ambiente ambiciosa suscrita en el principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, que busca garantizar el derecho a la información ambiental para vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Finalmente, Manuel Rodríguez Becerra hizo un balance en la carencia de mecanismo reales de participación ciudadana que tiene Colombia, como también de la justicia ambiental. “En términos de participación ciudadana y así claramente neutralizar la captura qué hay hoy en día del Estado, por parte del sector privado que, claramente consideran que la participación ciudadana que es un derecho fundamental de nuestra constitución es un obstáculo, que equivocados están” concluyó el docente investigador en temas ambientales.

Durante el segundo panel “El Acuerdo de Escazú desde los gremios”, moderado por: Jorge Iván Hurtado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los diferentes panelistas hicieron críticas al acuerdo oponiéndose argumentando que, crea más obstáculos para el desarrollo económico del país y creando más entes burocráticos que frenarían la inversión en el sector agroindustrial.

En contraste, ASOCAR, pese a las críticas por parte de los gremios del sector privado que se dieron a la tarea de argumentar por qué es necesario archivar este proyecto de ley, desde la corporación en contraposición a las posturas negativas, dieron las evidenciadas a la importancia de Escazó para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país.

El Acuerdo de Escazú: Fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia, moderado por Gonzalo Andrade, Profesor de la U. Nacional, intervino la Dra Lina Muñoz directora de la Especialización y Maestría en derecho y gestión ambiental de la universidad de Rosario, fue el tercer panel de la Audiencia, abordó el Acuerdo de Escazú desde el Derecho y la relación del Estado con garantizar una justicia ambiental más eficiente, resaltando que la ratificación podría llegar a reducir los litigios entre el Estado y entes particulares en la comisión y la corte interamericana, al resolverse de manera no contenciosa, no judicial y no punitiva en el marco del acuerdo de Escazú.

“En ese mismo sentido, desde el punto de vista del derecho constitucional y ambiental colombiano si bien es absolutamente cierto que nuestra legislación establece derechos y garantías sobre los tres derechos de acceso planteados en el acuerdo de Escazú el énfasis de este acuerdo no se encuentra en el reconocimiento sino en la implementación”, agregó la Dra Muñoz.

En este panel también participó Camilo Prieto, activista ambiental que no pasó por alto la necesidad de denunciar el asesinato de líderes ambientales en Colombia, que se encuentra en el primer puesto según el último informe de la ONG inglesa, Global Witness. Colombia es el país donde más asesinaron líderes y defensores ambientales en el 2019: 64 personas en total y un aumento del 150 por ciento en comparación con el 2018.

Desde los territorios también se escucharon las voces que piden de manera urgente el Acuerdo de Escazú. En el Panel IV. “El Acuerdo de Escazú desde los territorios», moderado por Carmen Candelo del Fondo Mundial para la Naturaleza, expresó en la Audiencia Pública que, desde los territorios los indígenas, afro y campesinos están unidos en la ratificación del Acuerdo de Escazú y solicitó que se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer las capacidades de las comunidades para seguir trabajando en pro del ambiente y los territorios. “El Acuerdo de Escazú se ratifica desde esta voz de las comunidades locales para superar la crisis ambiental y la crisis de los derechos en los territorios”, concluyó.

Entre las conclusiones finales de la Audiencia Pública, desde DeJusticia le solicitaron al Gobierno que impulse el Acuerdo por la necesidad clara de tener una justicia ambiental que proteja a los líderes que velan por los intereses de las comunidades. “Es urgente que el Estado colombiano muestre un compromiso decidido en favor de las víctimas y una voluntad de combatir la impunidad por todos estos crímenes (…) Lo que se calle en el Congreso equivale a falta de respaldo para proteger a los líderes ambientales”. Y concluyó Vivian Newman, “El #AcuerdoDeEscazú es oportunidad para fortalecer capacidades de autoridades ambientales, recibir asistencia técnica y cooperación regional y contar con mecanismos e instancias institucionales para compartir la experiencia colombiana y aprender de otros países”

Para terminar la jornada, el senador Antonio Sanguino instó a las organizaciones gremiales a no rechazar de manera tajante el Acuerdo que tendrá su discusión en el Congreso de la República y los invito a comprender que la nueva realidad ambiental requiere a un empresariado con un enfoque de desarrollo sostenible.

También, en 3 puntos recopiló los retos que vienen en el futuro para el acuerdo de Escazú en Colombia.

• Amplio consenso político para la ratificación de Escazú, abordado desde el Gobierno Nacional, que después de dos años de peticiones para que ratificara, tramitó el proyecto de ley en el Congreso con mensaje de urgencia.
• Un sistema internacional complementario de legislación ambiental que complementa los avanzas del país en materia de justicia ambiental y robusteciendo el objetivo de compromiso con el cambio climático.
• Certezas jurídicas ambientales, que reclaman las comunidades en los territorios, complementada con una agenda de participación efectiva de la sociedad colombiana.