Por Antonio Sanguino

Carlos Holmes Trujillo, el Ministro de Defensa, miente con una facilidad asombrosa. Lo hace para ocultar las desastrosas cifras de inseguridad, para simular la ocurrencia de las masacres contra civiles inermes, para explicar el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país y para esconder la gravedad de los espionajes ilegales o los hechos de corrupción que ocurren en las tropas bajo su mando. Pero la mentira más descarada es la que acaba de protagonizar con la ilegal e inconstitucional autorización de la actuación de la Brigada de Asistencia Militar del Comando Sur del Ejercito Norteamericano en territorio colombiano.  

Una ofensa a nuestra dignidad como Nación, que parece no importarle al Mindefensa, fue que supiéramos de la llegada de la Brigada de Asistencia Militar de Estados Unidos por cuenta de la embajada de dicho país. Ante la indignación por la noticia, el Ministro Holmes Trujillo quiso minimizarla y justificarla falazmente aduciendo que esta presencia militar gringa era habitual en nuestras relaciones bilaterales con EEUU, que se amparaban en varios convenios de cooperación y que constituía una simple e inofensiva tarea de asesoría técnica a nuestras tropas.

En los debates que la oposición adelantó en el Senado de la República se pudo demostrar que no existe ningún convenio de cooperación que justifique la presencia de dicha brigada, y que su presencia en regiones de recrudecimiento de la violencia, las denominadas “zonas futuro”, y en áreas fronterizas con Venezuela como el Catatumbo y Arauca, constituyen una inocultable presencia militar extranjera en nuestro territorio y en una amenaza a nuestra integridad territorial, a la seguridad interna y binacional y a la adecuada implementación del Acuerdo de Paz.

Pero la mentira mayor del Ministro estaba por venir: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a propósito de una Acción de Tutela interpuesta por varios Senadores, en cabeza de Iván Cepeda, suspendió la actuación de la Brigada gringa en el territorio nacional y ordenó al Presidente Iván Duque presentar al Senado de la República un informe detallado sobre dicha presencia. Cumpliendo parcialmente el fallo del Tribunal, la Presidencia de la República suspendió las actividades de la Brigada de Asistencia Militar, envió el informe a la mesa directiva del Senado, pero interpuso un recurso de apelación ante le Consejo de Estado, que evitara el trámite de autorización ante la plenaria de la Cámara Alta.

Apareció en escena el entonces Presidente del Senado, Lidio García, quien en carta dirigida a la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño, extrañamente informó de la recepción de comunicaciones escritas de 69 senadores de distintas bancadas quienes “certificaban” la ocurrencia de debates de control político sobre el tema y manifestaban el innecesario trámite de autorización para la presencia de los militares norteamericanos en suelo colombiano. Sin sonrojarse, Holmes Trujillo se dio por autorizado y mentirosamente le comunicó al país que el Senado había avalado la actuación de la mencionada Brigada. Olvidó deliberadamente que toda autorización del Congreso ocurre mediante el voto de los parlamentarios.

El Ministro de Defensa sabe que está mintiendo. Sabe que la Brigada de Asistencia Militar norteamericana está actuando en Colombia ilegal e inconstitucionalmente. Debe saber que se ha burlado del Senado de la República y que ha desacatado una orden de un alto tribunal y que ello constituye un prevaricato. Un Ministro mentiroso es insostenible en cualquier democracia seria y merece el estreno de la moción de censura en el Congreso de la República.

Adenda: Las masacres, que el Ministro ha querido trivializar, van en aumento. Todas las fuentes coinciden en contabilizar más 50 en lo corrido del 2020, cifra aún mayor que la del pico paramilitar que, entre 1994 y el 2002, registró 50.6 masacres por año. Y mientras se le ocurre enfrentarlas con fumigaciones de glifosato, ignora que su política de seguridad en nada ha contribuído con la reducción de la violencia. Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, la reducción de los delitos durante la pandemia no han tenido ninguna relación con las políticas públicas de seguridad. Inclusive, la FIP advierte que los homicidios a nivel nacional solo se redujeron en un 15.2% entre enero y mayo de este año, pero en ciudades como Quibdó, militarizada y con toque de queda, los homicidios aumentaron, pasando de 29 en el 2019 a 65 en el 2020. ¿Dónde está su política de seguridad y defensa, Ministro?