Por Antonio Sanguino

Lo que nos faltaba. Ver al presidente Iván Duque disfrazado de Policía, visitando varios CAI en el occidente de la capital. Sin rubor, exhibe el mismo uniforme de quienes dispararon, junto a civiles parapoliciales, contra la multitud, y desfila en instalaciones policiales desde cuyos alrededores salieron las balas mortales que acabaron con la vida de 9 ciudadanos en Bogotá y 4 en Soacha, e hirieron a 75. En cambio, sin ningún asomo de vergüenza, dejó la silla vacía en el acto de perdón y reconciliación con las víctimas del abuso y la violencia policial, convocado el pasado domingo por la alcaldesa Claudia López. Nefasto lenguaje simbólico el del Presidente. 

Otros voceros de su Gobierno han hecho gala de mensajes similares. El Ministro de Defensa y los mandos de la Policía tardíamente pidieron perdón, solo por la inocultable brutalidad en el asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la Fuerza Pública, quienes fueron “castigados” inicialmente con “labores administrativas” y ampararon sus investigaciones en la Justicia Penal Militar. Pero ningún perdón se ha escuchado por las otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en las jornadas de protesta del 9 al 12 de septiembre.

Torpemente, el Gobierno ha esgrimido la trasnochada tesis de que todo fue resultado de la infiltración del ELN y de las disidencias de las FARC. Abusan de una narrativa que criminaliza la protesta y la indignación de la ciudadanía, porque lo que sí está plenamente demostrado es que ninguno de los ciudadanos muertos o heridos tenía vínculo alguno con estas organizaciones armadas.

Esta anacrónica mentalidad de guerra fría o del “enemigo interno” del Gobierno Duque, agrava el problema estructural de una fuerza policial militarizada, adscrita al Ministerio de Defensa, formada y acostumbrada a lidiar con la lucha contrainsurgente y la guerra antidrogas. Por ello, los mensajes del Presidente Duque, el Mindefensa Trujillo y el Comisionado de Paz Ceballos, operan como estimulantes del abuso policial contra toda manifestación ciudadana, que cualquier agente de policía pueda considerar como una alteración del orden o una amenaza a la seguridad del Estado. Poco les importa la crisis de confianza ciudadana que enfrenta actualmente la Policía Nacional que, por su patrón de conducta, ha hecho que la confianza de los bogotanos en la Policía caiga de un 40.6% en el 2010 a un 24.6% en este año, según un reciente estudio de la Universidad de Los Andes.

Ahora, llama poderosamente la atención el balance posterior a la jornada de manifestaciones por el asesinato de Javier Ordóñez: solo hubo 4 uniformados heridos con armas de fuego frente a 13 civiles muertos y 75 heridos por impactos de bala. La propia alcaldesa Claudia López le entregó al Presidente Duque un registro de hora y media de grabaciones de policías y civiles disparando contra la población, así como 119 denuncias ciudadanas de uso desmedido de la fuerza con arma de fuego, torturas y detenciones arbitrarias en 10 localidades de la capital. Ello, a pesar de la desautorización expresa de la Alcaldía Mayor del uso de armas de fuego para contener desbordamientos en la protesta social y de la adopción, desde enero de 2020, de un protocolo que priorizó la actuación de los gestores de convivencia y solo, en última instancia, la incursión de la Fuerza Pública.

Curiosamente, mientras sin ningún control, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe llamaba a la represión militar y policial de las protestas, desde su cuenta de twitter, se produjo una singular interinidad en el comandancia de Policía en Bogotá: ante la incapacidad médica por COVID del comandante en propiedad, elGeneral Gómez Heredia, se había encargado al subcomandante, Coronel Luis Alberto Sarmiento; pero inexplicablemente, el miércoles 9 de septiembre a las 6 de la tarde, dos horas después de iniciada la primera protesta simbólica en el CAI de Villaluz, donde habían torturado y asesinado a Javier Ordóñez, Sarmiento fue sustituido por el General Juan Alberto Libreros, quien esa noche fue confirmado como positivo para COVID. Finalmente, el 10 de septiembre a las 7 de la noche, en medio de las protestas y la violencia policial fue designado el General Carlos Alberto Rodríguez como el cuarto comandante de la Policía de la capital en un poco más de 24 horas.

Algunos expertos han enumerado una serie de problemas endógenos de la Policía Nacional, que podrían explicar el comportamiento de los agentes en sus labores cotidianas. Señalan que desde el 2003, se presentan deficiencias en sus procesos de selección y formación. Ello, afectó el proceso de profesionalización de los policías que venía de los años 90, generando indisciplina, ineficiencia en el trabajo, aumento de la corrupción, retiros prematuros, represamiento en los ascensos y desmotivación de quienes cumplen adecuadamente sus funciones, en un contexto de enormes desigualdades y exclusiones al interior de la Fuerza Pública.

Con mucha razón se ha advertido que hubo una interrupción constitucional en los aciagos días de la primera semana de septiembre; que en algún momento se rompió la cadena de mando; que las ordenes de reprimir y disparar salieron de zonas grises o de espacios extralegales; que la doctrina del enemigo interno actuó a sus anchas con una Policía al margen de la Ley; que hay una evidente responsabilidad política por las muertes y los heridos del soberbio y demagogo Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y que al Presidente Duque le ha quedado grande hasta el uniforme de Policía que lució por estos días en Bogotá.