Este informe multipartidista, presentado por 14 congresistas de oposición e independientes, da una serie de recomendaciones para dar solución al problema de las drogas ilícitas; hace un diagnóstico de lo que se ha hecho en 38 años de lucha contra las drogas; e identifica 7 elementos problemáticos a la implementación del Punto 4 que han impedido que éste avance de manera exitosa.

Descargue aquí el informe.

En informe multipartidista sobre el diagnóstico al problema de las drogas ilícitas, 14 congresistas de partidos de oposición e independientes le piden al Gobierno dejar la aspersión aérea como última opción, en cumplimiento de las reglas establecidas por la Corte Constitucional y reiteradas por el Tribunal Superior de Pasto, y retomar la visión y lógica del Acuerdo de Paz. Este es el quinto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, pero el primero sobre el problema de las drogas ilícitas.

El documento hace un recuento de 38 años de experiencias nacionales que demuestran que el principal obstáculo en la solución del problema de las drogas en Colombia ha sido la falta de articulación entre las políticas de seguridad (que han privilegiado la erradicación forzada) con las de desarrollo alternativo (que han estado históricamente desfinanciadas), así como la ausencia de políticas de Estado que puedan trascender la voluntad de cada Gobierno.

La solución al problema de las drogas ilícitas se encuentra consignada en el Acuerdo de Paz, ya que allí se propuso diseñar estrategias diferenciadas para los diferentes eslabones de la cadena productiva: ofrecer desarrollo rural para los cultivadores; tratar como asunto de salud pública el consumo de sustancias psicoactivas; y tratar como crimen organizado la comercialización de la droga, creando estrategias de política criminal para su judicialización efectiva, lucha contra el lavado de activos, y enfrentar la corrupción dentro de la Fuerza Pública.

Vale la pena recordar que en el Trazador Presupuestal de Paz en el proyecto de Presupuesto 2021, hay una reducción del 14% en los recursos necesarios para dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito.

El informe da una serie de recomendaciones para dar solución al problema de las drogas ilícitas, como retomar la visión del Acuerdo de Paz, priorizando la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y dejando como última opción la aspersión aérea con glifosato; elaborar e implementar una verdadera estrategia de seguridad territorial; y hacer una evaluación participativa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) con las comunidades y las autoridades locales.

Los firmantes son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, de la Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos y Roy Barreras, del Partido de la U; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

“Para resolver el problema de las drogas no se puede seguir haciendo lo mismo”.

Balance y elementos problemáticos

También hacen un balance de lo avanzado hasta el momento en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito:

– En 3 años del PNIS, se han vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, erradicando 41.513 ha. y el cumplimiento ha sido del 96%: solo ha habido un 0,2% de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente.

– Estas familias están ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, donde se concentra el 65% de los cultivos de uso ilícito, según el censo del SIMCI 2018.

– Los PAI (Plan de Acción Inmediata), que se enfoca a una sustitución colectiva de cultivos, han entrado a núcleos cocaleros, suponiendo enormes retos operativos y de construcción de confianza con la comunidad. A junio de 2020, se han suscrito 106 acuerdos por parte del PNIS, con una cobertura de 98 municipios y 188.036 familias cubiertas.

Al analizar los 3 años de implementación del Punto 4 se encontraron al menos siete elementos problemáticos que han impedido que éste avance de manera exitosa y que coinciden con algunos de los que también han sido identificados por la Fundación Ideas para la Paz:

1. Fallas de origen: dar subsidios individuales, generó un incentivo perverso y se vio reflejado en el aumento desmedido de cultivos en regiones como Simití (1469%) y San Pablo (998%) en Bolívar, o Valdivia en Antioquia (692%).

2. Desarticulación entre el PDET y el PNIS: se dio, entre otras razones, por la desarticulación entre la ART y la Consejería para el Posconflicto y el no cumplimiento de los criterios de focalización establecidos en el Acuerdo.

3. Desfinanciación del PNIS; el costo de este programa es de 4.8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020.

4. Suspensión de beneficiarios; en la mayoría de los casos, por problemas administrativos.

5. Priorización de la erradicación forzada, en parte solo para cumplir con indicadores sin tener un plan para estabilizar el territorio.

6. Ausencia de estrategias frente a comunidades negras e indígenas y zonas de protección ambiental.

7. Falta de una estrategia de seguridad territorial.