Por: Valentina Montero Triviño*

La idea de implementar una renta básica de emergencia -propuesta por la Organización de las Naciones Unidas- para atender los estragos causados por la pandemia del Covid-19, ha entrado en la discusión de varios países. En Colombia, ante la evidencia que el 46, 2% de la población labora en la informalidad según el más reciente informe del DANE y que tras la medida de confinamiento no pudieron seguir laborando, el gobierno nacional se vio obligado a decretar el Programa de Ingreso Solidario, un subsidio económico mensual de $160.000 pesos que pretende llegar a los colombianos en situación de pobreza y vulnerabilidad,  pero con la condición que no pertenezcan a otros programas sociales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, entre otros. 

Sin embargo, los hogares colombianos están conformados por un promedio de 3,3 personas según cifras del DANE (2018), entonces, ¿cómo pretende el gobierno que un hogar viva con $160.000 pesos mensuales? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas y en especial las familias beneficiarias de este programa a quienes no les alcanza para cubrir gastos esenciales, como el alimento, servicios públicos, vivienda, educación, internet -ahora, una herramienta indispensable para desarrollar actividades-, entre otros. Por lo tanto, este programa resulta ineficaz ante el rol activo del Estado Social de Derecho y su objetivo de garantizar la vida digna para sus ciudadanos, establecido en la Sentencia SU 747/ 98.

Frente a este panorama, una alianza interpartidista de 54 congresistas decidió presentar un proyecto de ley titulado Renta Básica de Emergencia (RBE) que a pesar de estar respaldado por tantas voces no ha sido escuchado por el gobierno; busca atender a los sectores más golpeados por la pandemia al asegurarles el mínimo vital mientras mejoran su situación económica. Por esta razón, postula modificar el Programa Ingreso Solidario en los siguientes ámbitos: primero, aumentar el monto de transferencia; segundo, incrementar la cobertura; y, por último, estimular la economía. 

De ser aprobada la RBE, los cinco meses de emergencia que pretende cubrir tendrían un costo de 29 billones de pesos y su financiación -según el senador Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde- puede lograrse acudiendo a los recursos de los programas sociales –cerca de 6 billones de pesos–, al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) -otros 10 billones-, acudir a un porcentaje de las reservas internacionales y, además, a una reforma tributaria que se tramite rápidamente.

No obstante, la reforma tributaria debería recoger recursos solamente de las personas con mayor poder adquisitivo del país. ¿Será que están dispuestas a perder un poco de su riqueza para ayudar a los más vulnerables, cuando en Colombia anteriores reformas tributarias, como la de diciembre del 2019 los han favorecido con exención de impuestos para sus empresas? El tiempo pasa, este proyecto de ley no avanza, la situación económica para los colombianos se agudiza, las cifras de contagios siguen siendo alarmantes y el gobierno nacional no toma acciones concretas como aprobar este proyecto de ley para ayudarlos.

 El gobierno les dice a las personas “quédate en casa y lávate las manos”, sin embargo, se debe comprar jabón y pagar el servicio de agua. Precisamente la situación de confinamiento no solo ha provocado el aumento del desempleo -cerca de 10,4 puntos porcentuales según el DANE (2020)-, sino también del consumo en los servicios públicos como lo reconoció la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, entre otros servicios y bienes básicos, son imposibles de cubrir con tan solo $160.000 pesos al mes. Por ello, la RBE no solo es un proyecto lógico, sino necesario para atender la emergencia socioeconómica que atraviesa el país.

Colombia ha sido un país marcado por tintes ideológicos, no obstante, el proyecto de Renta Básica de Emergencia apoyado por más del 50% de los congresistas demuestra que no es cuestión de partidos, sino de sensatez y coherencia con la realidad a la que se enfrentan los colombianos. Se trata de un proyecto de política pública que cumple en gran medida con el objetivo de solucionar un problema que aqueja a la comunidad, por ello, el gobierno debería tener la voluntad de discutirlo y aprobarlo en beneficio de las familias vulnerables, más aún cuando el país atraviesa la peor crisis económica.  

*Valentina es estudiante de cuarto semestre de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana, técnica en agroindustria alimentaria de el SENA, asesora de Cultura de la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Cundinamarca y miembro del comité juvenil de Cundinamarca del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF)