Por Antonio Sanguino

El presidente Iván Duque se destaca por su ensimismamiento en todos los asuntos. Pero su sordera diplomática no tiene antecedentes. Esa negativa a escuchar las distintas voces del país sobre la agenda exterior se hace especialmente grave en los actuales contextos de globalización y cuando atravesamos momentos críticos como el diferendo con Nicaragua, las relaciones con Venezuela y el resto del vecindario latinoamericano o los cortocircuitos generados por la indebida intromisión de funcionarios del gobierno y dirigentes del uribismo en las recientes elecciones en Estados Unidos. Oídos sordos, mientras la política exterior resulta atrapada en una anacrónica lógica de guerra fría que nos conduce a una actitud sumisa ante Donald Trump y sus socios, mientras exhibe una altanería arrogante y verbalmente violenta ante los considerados adversarios ideológicos.

Para evitar ese aislamiento de los Gobiernos y garantizar el carácter de Estado de las relaciones internacionales, los constituyentes de 1991 crearon la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -CARE-, que luego fue reglamentada con la Ley 68 de 1993. Resulta difícil encontrar una explicación razonable que justifique la negativa del Presidente Duque y su Canciller para no convocar una sola vez la CARE, que no sea la obtusa y sectaria consideración política de no querer escuchar a la academia, a la oposición política o a expresidentes como Ernesto Samper o Juan Manuel Santos que seguramente advertirían sobre el enorme daño que le hace al país una política exterior lejana de la Constitución y dominada por burdas consideraciones ideológicas. Contraria fue la actitud del Presidente Andrés Pastrana quien convocó a la CARE a diez sesiones; el propio jefe de Duque, el entonces Presidente Álvaro Uribe, la citó 11 veces en su primer período y 6 veces en el segundo, mientras Juan Manuel Santos lo hizo en 13 oportunidades en sus dos mandatos.     

Desde mayo de 2019, la oposición en el Congreso de la República ha solicitado reiterada y públicamente al Gobierno que convoque reuniones de la CARE. Ante el silencio del Palacio de Nariño y la Cancillería, en febrero de este año y junto a mi colega Iván Cepeda acudimos a las vías judiciales. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpusimos una acción para que el Presidente de la República y la Canciller Claudia Blum cumplieran con lo dispuesto en la Ley 68 de 1993 y procedieran a convocar las reuniones ordinarias e informativas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El 13 de mayo, este tribunal declaró que la Cancillería había incumplido su deber y le ordenó al Gobierno citar dicha comisión dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo.

Como ha sido costumbre en este Gobierno, en lugar de cumplir la decisión del Tribunal, la Cancillería decidió apelarla. Sin embargo, el 22 de octubre, el Consejo de Estado determinó que“el expediente demuestra que desde el 7 de agosto de 2018 no se ha convocado ninguna reunión ordinaria, por tanto, se ha incumplido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandato impuesto” y de nuevo ordenó a la Cancillería dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 68 de 1993 y proceder a citar las reuniones informativas de la CARE. De igual forma, insta a la Cancillería a convocar a la CARE a reuniones informativas una vez, cada dos meses.

Como si le sobrara experticia, conocimiento y capacidad de análisis, el Gobierno Duque se ha negado a escuchar calificadas voces que bien pudieran ofrecer luces en asuntos como la masiva migración de venezolanos a Colombia, cuya atención requiere de un esfuerzo fiscal importante y la obtención de recursos de cooperación internacional; la creciente tensión en la frontera colombo-venezolana; la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca –TIAR-; la extradición de miembros del ELN que están en otros países o la solicitud de apoyo o interlocución con estos miembros, para una salida negociada del conflicto con esta guerrilla; la creciente tensión con Cuba y los países garantes del Acuerdo de Paz, la llegada de tropas norteamericanas al país, la revisión de los Tratados de Libre Comercio luego de los estragos de la pandemia o la estrategia de negociación internacional de la vacuna contra el covid-19.

Al vencerse los términos legales de la acción de cumplimiento del Tribunal y del pronunciamiento final del Consejo de Estado, la Cancillería por fin ha citado para el próximo 27 de noviembre a la primera reunión informativa de la CARE en lo corrido de este gobierno. Ojalá el Presidente y su Canciller empiecen a curarse de la sordera o que sean capaces de escuchar consejos en política exterior más allá del Ubérrimo.