Por Antonio Sanguino

Miguel Ceballos es el único Comisionado de Paz que ha sido nombrado con el único propósito de hacer trizas un Acuerdo de Paz. Y que haya tenido el cinismo o la estupidez para aceptarlo. Si su gestión se midiera por los incumplimientos y ataques del Gobierno de Iván Duque al Acuerdo, su balance sería positivo. Pero si sus resultados se evalúan, como debe ser, por la misión de su oficina destinada a proteger y honrar lo pactado, su desempeño es francamente deleznable.

Cuatro años del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, los que precisamente se cumplieron este 24 de noviembre, equivale al 33% del horizonte temporal de 12 años previsto para su implementación. Y una sensación agridulce es inevitable a la hora de revisar su cumplimiento. Es constatable el significado de este pacto en términos de civilización de la contienda política y de atención a variables estructurales que explican el conflicto armado, así como el diseño de un sistema de justicia transicional, el primero en el mundo después de expedido el Tratado de Roma y de vigencia de la Corte Penal Internacional. Como también es de destacar la transición a la vida política y civil de la organización guerrillera más antigua y numerosa de Colombia y el continente.

De los 13.360 integrantes de las FARC que se acogieron al proceso de paz, 12.642 se mantienen en el proceso de reincorporación a la vida civil y en su voluntad de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación, según la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De los 700 que ya no están en los registros oficiales, 230 de ellos han sido asesinados, otros han fallecido de muerte natural. Del resto la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) no tienen registro alguno.

A pesar de los ataques permanentes del Gobierno Duque y del uribismo, es innegable la consolidación de la JEP como tribunal de justicia para la paz. Priorizó 7 macro casos con base en 271 informes de víctimas y de agencias del Estado. 12.591 personas se han sometido a la JEP, de los cuales 7.759 (77.5%) son excombatientes de las FARC, 2.713 de la Fuerza Pública y 107 de otros agentes del Estado. Su actuación controvierte la falacia uribista de ser un tribunal de impunidad.

De 1.736 solicitudes de libertad condicional, la JEP solo ha concedido 229. Han sido negadas 1.636 solicitudes de amnistía y apenas se han concedido apenas 258. De 58 solicitudes de no extradición solo se ha negado una y se han adoptado 35.702 decisiones judiciales. Es de resaltar el compromiso ante la JEP del antiguo Secretariado de las FARC con el esclarecimiento de los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Bejarano, Pablo Emilio Guarín, Fedor Rey y Hernando Pizarro, así como de los dos atentados contra Germán Vargas Lleras.

Para la Procuraduría General de la Nación, en su segundo informe entregado al Congreso de la República, a marzo del 2020 solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz para los años 2017/2019. Sobre el punto 1, referido al Desarrollo Rural Integral, se han adjudicado apenas 8.230 hectáreas cuando el compromiso es entregar tres millones de hectáreas a 2027.

En cuanto a las herramientas para hacer seguimiento a la implementación, el órgano de control advierte que el 26% de las obligaciones adquiridas no tienen metas que permitan verificar su ejecución y que hay serias deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos. Respecto al punto 4, el de solución al problema de las drogas ilícitas, distintas fuentes señalan que este gobierno no ha vinculado ni una sola familia a las 99.097 que el gobierno Santos vinculó al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y de los municipios seleccionados para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial el registro de ejecución de recursos no alcanza el 2%.

Pero el sabor más amargo en estos cuatro años corre por cuenta del recrudecimiento de la violencia en todo el país y en especial en los territorios dejados por la antigua guerrilla fariana. Más de 600 líderes sociales y 230 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo; en lo que va del 2020 han ocurrido 74 masacres; hay un clima de amenazas, perfilamientos, chuzadas y hostigamientos contra líderes de la oposición y la consolidación, según distintas fuentes internacionales, de 33 enclaves criminales en 5 grandes macro regiones del país en donde imperan entramados ilegales bajo la forma de autoritarismos sub nacionales.

Sin duda, la sensación agria de estos cuatro años de implementación tiene como protagonista al Gobierno del presidente Iván Duque. Y en especial al Comisionado de Paz que está cumpliendo bien el encargo de destrozar una paz que en un gobierno normal tendría que protegerla.