En el debate de control político sobre el ‘entrampamiento’ por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez al Acuerdo de Paz, el senador Antonio Sanguino afirmó que el exfiscal atentó no solo contra el Acuerdo de Paz, sino también contra la seguridad nacional.

Bogotá, 26 de noviembre 2020. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, aseguró en el debate en la Comisión Primera del Senado, que el exfiscal Néstor Humberto Martínez con sus actuaciones al frente de la fiscalía puso en ‘jaque’ la seguridad nacional al permitir que integrantes de la DEA indujeran al delito a firmantes del Acuerdo de Paz, violando la normatividad colombiana y afectando la soberanía nacional.

“Néstor Humberto Martínez con sus actuaciones permitió acciones violatorias de la soberanía nacional y con ello afectaciones a la seguridad nacional. La inducción al delito en Colombia es ilegal y así lo dice la Corte Constitucional y el Código Penal,” indicó Sanguino.

En cinco puntos, Sanguino sostuvo que el exfiscal Martínez intentó destruir el Acuerdo de Paz desde el inicio de su firma y sembrar la duda sobre la funcionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz, alimentando el discurso que es necesaria su “eliminación”, como lo viene afirmando el expresidente Uribe. “Parece ser que el único interés del exfiscal era alimentar el discurso y contribuir con algunos sectores radicales que dicen que la JEP es “mejor eliminarla”, al permitir que agentes de la DEA intentarán inducir a un delito a un firmante del Acuerdo de Paz”.

Asimismo, el senador de la Alianza Verde, aseguró que la operación de la DEA contra Santrich es un delito, “El código penal en su art. 243, avala la participación de agentes encubiertos, pero la misma ley dice: “Está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito o el indicado imputado, ¿permitió entonces la Fiscalía General de la Nación, actuaciones ilegales por parte de los agentes de la DEA?”

Finalmente, Sanguino acusó a Néstor Humberto Martínez de traición a la patria por sus actuaciones en la fiscalía en la injerencia de la DEA en Colombia, “El que encargado por el Gobierno Colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años. Si se produjere el perjuicio, la pena se aumentará hasta en una tercera parte,» concluyó sanguino.

Intervención del senador Antonio Sangunio