Por Antonio Sanguino

Bastante travieso ha resultado Fabio Aristizábal, el uribista Superintendente de Salud. Y bastante ineficiente. Resulta imperdonable que sus travesuras atenten contra los recursos públicos de la salud, un derecho fundamental de los colombianos. Pero es aún más inaceptable que sus erráticas actuaciones ocurran en medio de una pandemia y comprometan gravemente la vida de millones de ciudadanos.

Una primera travesura tiene origen electoral. Resulta que detrás de los pergaminos técnicos que exhibe, el Supersalud Aristizábal esconde una activa vocación de militante y varias candidaturas por el Centro Democrático. Su última y fallida aventura electoral fue en las pasadas elecciones parlamentarias. Fue candidato al Senado de la República y recibió un aporte de cincuenta millones de pesos de la Organización Sanitas Internacional S.A.S hoy Keralty S.A.S, grupo empresarial propietario de la EPS Sanitas. Esta entidad es hoy objeto de vigilancia del excandidato al Senado y hoy Supersalud. Fabio Aristizábal nunca ha manifestado su conflicto de interés en sus actuaciones respecto a Sanitas. Peor aún, conoció un recurso de reposición que interpuso esta EPS contra la Resolución numero 008683 de julio de 2018 de la Supersalud. Acto seguido, mediante una nueva Resolución, la 011735 de diciembre de 2018 resolvió el recurso a favor de Sanitas, que pasó de tener una capacidad de afiliación de 2.021.000 a 2.800.000 afiliados. Aristizábal le regaló a su financiador 779.000 nuevos cupos en su capacidad de afiliación, como contraprestación al aporte de campaña recibido.

La segunda es una travesura que de manera grave desconoce, retarda u omite las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia. Pareciera que su conducta corresponde a un nuevo capítulo del “cartel de los usuarios” por el que fue procesada penalmente la exfuncionaria de la Supersalud, Eva Carrascal, y en el que ha sido mencionado José Oswaldo Bonilla Rincón, actual superintendente delegado para la supervisión institucional. Un caso emblemático es el de MEDIMAS: por medio de la Resolución No 005163 de 2017, la Supersalud adoptó medida preventiva de vigilancia especial y la fue prorrogando con las resoluciones 004770 de 2018, 009203 de 2019 y 001098 del 28 de febrero 2020. Lo paradójico es que bajo la vigencia de esas medidas preventivas, la propia Supersalud sancionó a MEDIMAS con revocatorias parciales de funcionamiento en 15 departamentos. Una de dos, o la Supersalud hace una pésima labor de vigilancia especial o el afán por trasladar usuarios a otras EPS amigas del Supersalud explican esta protuberante contradicción.

Pero un inmenso lunar, que es materia de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, le ha quedado difícil ocultar al flamante Superintendente. El pasado 28 de julio de 2020, en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Aristizábal reconoció la perdida de los resultados de 30 mil pruebas de covid-19. Esto significa que igual número de ciudadanos nunca supieron su estado de salud en medio de la pandemia. Este alarmante hallazgo, que constituyó una violación de los derechos fundamentales de estos ciudadanos y puso en grave riesgo sus vidas, no merecieron ninguna reacción por parte de la Supersalud. La inhibición de su función de inspección, vigilancia y control fue justificada por Aristizábal cuando afirmó que la represa de 30 mil pruebas “ni es que sea mala” y “no culparía tampoco a las EPS”.

Finalmente, juzguen ustedes cómo actúa el Supersalud cuando sus afectos políticos no coinciden con los gobernantes territoriales como ocurrió en el departamento del Magdalena. El Hospital ‘Julio Méndez’ fue intervenido por el Supersalud cuando el nuevo gerente, designado por el Gobernador Carlos Caicedo, llevaba apenas 30 días. Esta intervención se adelantó para mantener el principal hospital de la región en manos de los clanes políticos de los Cotes y los Diazgranados, aliados del detenido exsenador Eduardo Pulgar. Mientras tanto, se hace el de la vista gorda frente a las graves irregularidades que ocurren en el Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ de Valledupar, controlado por el clan Gnecco y por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Sino fuera porque está jugando con la vida de la gente en medio de la peor pandemia de la humanidad en los últimos cien años, estas travesuras no pasarían del mero reproche público.