¿Cómo va la satisfacción de los derechos de las víctimas?

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• Hacen un llamado al Congreso para ampliar el mandato de la Comisión de la Verdad por 21 meses adicionales y así poder presentar el informe final en un escenario post electoral y adelantar las labores de pedagogía y socialización y promoción de espacios de reconocimiento y experiencias de convivencia.
• Piden al Gobierno Nacional identificar fuentes de recursos para acelerar el ritmo de indemnización a las víctimas, poner en marcha ajustes de fondo a la política de víctimas y llegar a más víctimas más rápido.

Bogotá, 9 de abril– En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Colombia, congresistas independientes y de oposición publicaron el séptimo informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, esta vez dedicado al punto 5 del Acuerdo de Paz: víctimas y la justicia transicional.

En el informe se documentan los principales avances y retos de los 4 componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Jurisdicción Especial de Paz y la Reparación Integral a las Víctimas) y dan algunas recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de cada una de estas.

Sobre víctimas, le piden al Gobierno Nacional identificar fuentes de recursos para acelerar el ritmo de indemnización; acelerar el trámite administrativo del proceso de restitución de tierras; priorizar las labores de la Unidad de Víctimas en los municipios más afectados por el conflicto; y poner en marcha ajustes de fondo a la política de víctimas, los cuales deben construirse de forma participativa.

También, en materia de justicia, le hacen un llamado al Gobierno Nacional para que agilice las gestiones para la activación del mecanismo de verificación a la restricción efectiva de la libertad y que establezca la financiación y los espacios físicos donde los excombatientes deberán cumplir sus condenas.

Quienes firman el informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Wilmer Leal, del Partido Alianza Verde; Ángela María Robledo, congresista por el Estatuto de la Oposición; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Jose Daniel López y Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; y Roy Barreras, de la Fuerza de la Paz.

Estos son algunos de los datos que se encuentran en el informe, por cada uno de los 4 componentes del Sistema:

Comisión de la Verdad.

• La Comisión de la Verdad ha hecho 12.492 entrevistas, que contienen el testimonio de 23.362 personas. De estas entrevistas, 11.592 fueron individuales y 900 colectivas.

• Principales retos de la Comisión identificados en el informe:

• Balancear los elementos del mandato para darle la misma prioridad a temas como el esclarecimiento y reconocimiento de los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva, y las transformaciones positivas de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.
  • Establecer un trabajo coordinado al interior de la Comisión, ya que se evidencia una desconexión entre la Dirección de Conocimiento y la Dirección de Diálogo Social;
  • Fortalecer la estrategia de pedagogía y divulgación, teniendo en cuenta que el mandato termina en noviembre de 2021.
  • Rediseñar laestrategia de relacionamiento de la Comisión con otras instituciones para no limitar la participación en los procesos de esclarecimiento de la verdad y reconocimiento
  • Es preocupante que la publicación del Informe Final de la Comisión coincida con épocas electorales, en las que se corre el riesgo de que la sociedad en general no esté dispuesta a escuchar y reflexionar sobre las verdades planteadas en dicho informe, y el potencial reconciliador de la construcción de verdad se pierda.

Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

• En relación con las diligencias de recuperación de cadáveres, mientras que la Unidad tenía planeado realizar 12 diligencias de recuperación en el 2020, al finalizar la vigencia había realizado 34 diligencias en Chocó (1), Caldas (24), Sucre (1), Cundinamarca (3) y Caquetá (5).

• Con corte a febrero de 2021, la Unidad ha acompañado en sus roles de coordinación y contribución la entrega e inhumación de 98 cuerpos.

• Principales retos de la Unidad identificados en el informe:

• Agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.
  • Articular los Planes Regionales ya formulados con el Plan Nacional de Búsqueda que fue expedido con posterioridad.
  • Evitar el cambio constante de personal de las direcciones porque esto puede dificultar el trabajo coordinado para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
  • Preocupan los problemas de relacionamiento entre la Unidad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Ministerio de Defensa.
  • El recrudecimiento de las condiciones de seguridad territorial ha afectado de manera grave la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Jurisdicción Especial para la Paz

• A 3 años de su entrada en funcionamiento, la JEP:
  • Ha abierto 7 macrocasos priorizados.
  • Ha aceptado a 12.726 personas que suscribieron actas de compromiso y sometimiento.
  • Ha rechazado 3.736 solicitudes de personas que solicitaron acogerse a la Jurisdicción sin reunir los requisitos.
  • Ha concedido solo 1 garantía de no extradición.

• En el caso sobre secuestro cometido por las FARC, expidió el auto de determinación de los hechos y conductas atribuibles a 8 de los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por la ‘toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, imputación por la que deberán reconocer o negar su responsabilidad en un plazo de 30 días que se amplió por otros 30.

• En el caso sobre los falsos positivos cometidos por agentes del Estado, la JEP hizo pública su estrategia de priorización para la primera fase de investigación en 6 territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta para el periodo del 2002 al 2008, en el cual se estiman al menos 6.402 víctimas.

• Principales retos de la JEP:

• Aplicar los criterios de selección para la investigación de los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.
  • Identificar un universo de hechos que permita realizar una segunda fase de priorización de macrocasos.
  • Preocupan los riesgos que puede generar el precedente establecido por la JEP para analizar la relación con el conflicto armado.
  • Aunque las medidas cautelares decretadas por la JEP están diseñadas para proteger la integridad de un derecho controvertido en el proceso, estas están siendo usadas como un mecanismo de protección inmediata a las víctimas, independientemente de la competencia sobre los hechos.
  • Es importante alertar sobre una posible falta de coordinación interinstitucional para acreditar si los comparecientes en la JEP han contribuido con sus compromisos.
  • Es preocupante que el Gobierno Nacional no haya activado aún el mecanismo encargado de apoyar la supervisión, seguridad, vigilancia y monitoreo del componente de restricción efectiva de la libertad de las sanciones propias.

Reparación integral a las víctimas

• Tras 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, a diciembre de 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reportaba que 9.099.358 víctimas habían sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 7.340.456 son sujetos de atención.
• A diciembre de 2020, 1.107.952 personas habían sido indemnizadas, lo que equivale al 15,1% de las víctimas sujetas de atención.
• Entre 2012 y 2020 se indemnizaron en promedio 101.314 personas anualmente.

• Principales retos del Programa Administrativo de Reparaciones:

• Agilidad en la reparación de víctimas.
  • La articulación entre la reparación colectiva y los PDET ha sido mínima, lo cual representa una oportunidad perdida para reparar integral y masivamente a las víctimas.
  • Bloqueo de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad.
  • Es necesario que la Unidad para las Víctimas no concentre la mayoría de sus recursos en medidas asistencialistas, sino que se entienda la atención humanitaria como una medida transitoria que debe dar paso a la aceleración de la reparación integral.
  • Llegar a más víctimas más rápido.