LA DOBLE PANDEMIA DEL CAUCA

UTL Sanguino/ abril 30, 2021/ BLOG SANGUINO

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Por Antonio Sanguino

Las cifras no mienten. La ciudadanía y las comunidades del Cauca están padeciendo una doble pandemia. Por un lado, una violencia multiforme, compleja, indiscriminada y dramática que ahora responde a una transformación de las dinámicas de la criminalidad en el territorio, que hunde sus raíces en históricos conflictos socioespaciales no resueltos y una también conflictiva presencia del Estado. Y como toda la humanidad, el covid-19, que los caucanos han debido enfrentar en medio de los peores indicadores sociales del país, agravados por una larga lista de incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos de paz, las mingas indígenas y los paros cívicos. La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca lo dice con dolorosa crudeza: “el departamento tuvo que enfrentar un doble confinamiento por la pandemia y por la agudización de la violencia en los territorios”.

El pasado 6 de mayo del 2020, cuando ya estábamos en pandemia, la Comisión Segunda del Senado adelantó un debate de control político sobre la situación de derechos humanos en este departamento. Un año después, contrario al discurso grandilocuente y demagógico de los ministros de Defensa, de entonces y de ahora, y del mal llamado Comisionado de Paz, es evidente que el sangriento panorama descrito aquella vez por senadores citantes y voceros de la sociedad civil, no se fue a cuarentena y más bien se recrudeció. Peor aún, la Defensoría del Pueblo entre mayo de 2020 y abril de 2021 emitió ocho alertas tempranas en las que conminaba al gobierno y a las autoridades a actuar frente a los principales riesgos y amenazas que se cernían sobre el territorio y sus comunidades.

Sin duda ocurre un progresivo colapso del Estado bajo el Gobierno Duque. El Ministerio de Defensa reconoció en mayo del 2020 que las distintas estructuras ilegales presentes en el Cauca sumaban 687 integrantes, integrados en los Frentes Carlos Patiño de post FARC, Frente Andrey Peñaranda Ramírez de Los Pelusos y los Frentes del ELN José María Becerra, Manuel Vásquez Castaño y la Compañía Milton Hernández. Pero el Brigadier General Marco Vinicio Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejercito señaló en diciembre del 2020 que en el Cauca se han identificado aproximadamente 1.400 hombres/armas pertenecientes a todos los grupos armados ilegales (tres estructuras post FARC, tres del ELN, una del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas y una de Los Pelusos). Un incremento de más del doble de la presencia militar de los ilegales en medio de las cuarentenas por el coronavirus.

La dinámica de dísputas territoriales afecta sobre todo a la población civil inerme. Entre enero y diciembre del 2020 ocurrieron 14 masacres que corresponden al 13.9% del total nacional, mientras que en lo corrido del 2021 se han registrado 5. Lo propio ocurre con los homicidios que registraron un incremento de 772 en el 2019 a 793 en todo el año de pandemia del 2020. Y los 915 homicidios ocurridos entre el primero de enero del 2020 y el 28 de febrero del 2021 representan el 6.5% del total de homicidios del país en el mismo periodo. El comportamiento del asesinato de líderes sociales es más dramático: Según Indepaz desde enero del 2020 hasta la fecha se registran 105 asesinatos de líderes sociales, 60 de ellos líderes indígenas, que representan el 29.6% del total nacional, mientras que el 10.2% de los asesinatos a excombatientes de las FARC ocurrieron en el Cauca. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios -OCHA- señaló que entre enero y abril del 2021, el enfrentamiento de grupos armados en los municipios de Argelia, Guapi y Timbiquí produjo el desplazamiento de 4.700 personas y el confinamiento de 497.

Ello ocurre en un territorio que en virtud del Acuerdo de Paz tenía la histórica oportunidad de convertirse en un gran laboratorio de paz y posconflicto. 27 de los 42 municipios del departamento fueron priorizados para los programas de sustitución de cultivos ilícitos, reforma agraria y restitución de tierras, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, la obsesión uribista de hacer trizas la Paz, el fracasado Plan Social del Cauca en manos del Comisionado de Paz Miguel Ceballos y los incumplimientos de los Acuerdos con la Minga Indígena destruyeron esa posibilidad. Un solo dato revela este desperdicio: Según el informe No 19 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a octubre de 2019 se reportaban en el Cauca 2.092 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que en el informe No 23 de la misma agencia, para diciembre del 2020 existían 2.100 hectáreas; mientras que pasamos de 5.685 familias inscritas en el PNIS en octubre del 2019 a 5.646 familias en diciembre 2020, con una disminución de 39 familias.

La militarización ha sido el único recurso al que ha acudido el uribismo en el poder para asegurar la soberanía territorial del Estado en el Cauca. Se ha llegado a 9.557 efectivos con la Brigada 29 del Ejercito, el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación del Ejercito, la FUDRA No4, el Comando Específico del Cauca, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Una de las áreas más militarizadas del país, con 653 efectivos por cada 100 mil habitantes y con 0.32 efectivos por kilómetro cuadrado se ha convertido en un inmenso charco de sangre. Y no precisamente por cuenta de la pandemia del COVID.

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