El ascenso del mayor general Jorge Luis Vargas pasará a plenaria del Senado a última votación.

Bogotá, D.C.,1 de junio 2021. Los congresistas de oposición radicaron este martes, una acción de tutela ante jueces del circuito de Bogotá en la que solicitan que se le ordene al Senado de la República suspender el trámite de la votación de ascenso del director de la Policía, Jorge Luis Vargas, hasta que se escuche a las víctimas de abuso policial en el marco del paro nacional.

La tutela fue presentada después de que la Comisión Segunda del Senado negara una proposición presentada por Cepeda, Sanguino y Valencia para que las víctimas de violencia policial y las organizaciones de derechos humanos fueran escuchadas en una audiencia pública. El pasado jueves fueron aprobados seis ascensos, cinco de la Fuerza Armada y el del cuestionado mayor general Vargas Valencia.

Los congresistas argumentan la tutela en que esta Comisión vulneró su derecho a la participación política al negar la posibilidad de que los congresistas recibieran, a través de una audiencia pública, información de la ciudadanía para tomar una decisión antes de la votación del ascenso del actual director de la Policía. Cabe señalar que durante las movilizaciones del Paro Nacional, se han registrado 59 homicidios, 133 defensores de DDHH han sido agredidos por la Fuerza Pública y se han documentado 1192 denuncias de abuso de poder.

El senador Iván Cepeda advirtió que no es el momento para ascender al mayor general Vargas, pues este podría ser investigado penalmente a nivel nacional e internacional, por su eventual responsabilidad en crímenes de lesa humanidad como partícipe a título de complicidad por asistencia y cooperación.

“Ante la gravedad de los hechos que se han presentado en el país  después del 28 de abril, el mayor general Vargas, en vez de ser promovido y promocionado, debiera rendir cuentas y ser investigado. Por estas razones, su ascenso es improcedente, puesto que en cualquier momento puede ser llamado ante la justicia nacional o internacional a responder por crímenes de lesa humanidad”, dijo Cepeda.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, mencionó que está demostrado y documentado que el mayor general Vargas, es el responsable directo de la actuación represiva de la Policía en el marco del paro nacional, por lo que se hace necesario escuchar a las víctimas antes de este ascenso.

“Esta acción de tutela que radicamos ante los jugados administrativos del circuito general de Bogotá, busca proteger los derechos de las víctimas de la brutal represión policial antes que la plenaria de senado vote el ascenso del mayor general Vargas, actual director de la Policía de los colombianos. Su responsabilidad de la brutalidad policial está documentada y no se puede proceder a este ascenso hasta que las víctimas del abuso policial sean escuchadas” dijo Antonio Sanguino.

En este sentido, los congresistas aseguraron que durante los procedimientos policiales en contextos de protesta social, los altos mandos policiales no solo toleraron estos actos de abuso, sino que los alentaron y permitieron su repetición indiscriminadamente.

Finalmente, el senador Feliciano Valencia recordó que la atribución del Senado, de aprobar o no los ascensos de los oficiales de insignia a solicitud del Gobierno, es un ejercicio del control político que debe cumplirse con responsabilidad, con información suficiente y de cara a la ciudadanía. Y agregó: “Si la Constitución establece que el ascenso de los más altos oficiales de la Fuerza Pública debe pasar por el Senado, no es para que esta corporación actué como un mero notario a puerta cerrada, y mucho menos cuando las denuncias de abuso policial han sido el pan de cada día durante las movilizaciones. ¿Con qué cara decirle a las víctimas de estos hechos, a los jóvenes, a quienes defienden en la calle los derechos humanos, a todos ellos, que ni siquiera serán escuchados? Un congreso con oídos sordos y ojos vendados, que aprueba a pupitrazo lo que pide el gobierno, no es digno de una democracia”.

“La Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado restringió, a partir de una interpretación errónea del reglamento, el derecho que le asiste al Congreso para convocar audiencias públicas y ejercer debidamente la función del control político a los actos del Ejecutivo” concluye el documento de la tutela.