Organizaciones sociales, étnicas, raizales y entes territoriales le pidieron al Gobierno descentralizar este proyecto de ley y ampliar la discusión con la mirada de las comunidades en zonas fronteriza.

Bogotá, 1 de junio de 2021. En el marco de la discusión que se viene adelantando en el Congreso de la República sobre la crisis de migración, crisis social y económica en regiones de frontera, el Gobierno Nacional impulsa la ‘Ley de Fronteras’ que busca crear un régimen especial para los departamentos fronterizos, el senador Antonio Sanguino convocó una audiencia pública para escuchar todas las voces en zonas de frontera. La audiencia se enfocó en escuchar todas las comunidades que entregaron nuevas ideas a integrar al proyecto de ley.

El senador Sanguino inició la audiencia pública exponiendo que se han recibido varias comunicaciones de la Organización Indígena de Colombia, la Federación nacional de Departamentos y la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, en la que exponen la necesidad de escuchar las diferentes posturas en zonas de frontera para encontrar puntos en común sobre las implicaciones que tiene aprobar la ‘Ley de Fronteras’.

“Le pedimos a todas las comunidades, entes territoriales, universidades, organizaciones indígenas, que nos entreguen su ideas y consideraciones pensando en el interés público del país y que todo esto sea integrado en el proyecto final, como también la ponencia alternativa que hemos radicado que modifica 16 artículos”, señaló Sanguino.

La audiencia, se dividió en seis paneles en los que participaron los entes territoriales, organizaciones sociales, universidades, funcionarios del Gobierno y Cámaras de Comercio, que expusieron diferentes puntos sobre la importancia de tener puntos concretos que nutran la ‘Ley de Fronteras’ y la política se formule de manera participativa.

En el primer panel, Víctor Bautista Olarte, delegado de la secretaria de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación del Norte de Santander, expuso la necesidad de reconocer la importancia de los recursos para la implementación de una propuesta que brinde garantizar los derechos de las comunidades étnicas en las zonas de frontera. “Creemos fundamental que este proyecto de ley tenga soportado medios de financiación, que son temas que han sido olvidados con municipios y territorios en zonas de frontera.”

También, Fabián Álvarez de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), manifestó la necesidad de dejar claro que el proyecto de ley que viene impulsando el Gobierno no tiene un régimen diferencial con las comunidades étnica a pesar que la exposición de motivos del proyecto reconoce las dificultades por las que pasan comunidades indígenas, pero el articulado no tiene ningún aparte que asegure financiación especial. “Consideramos indispensable concertar y concretar una política pública para los pueblos indígenas de Colombia.”

Seguidamente, Socorro Ramírez de la Universidad Nacional le recordó al Gobierno Nacional que la ‘Ley de Fronteras’ debe ser concertada con las comunidades en zonas de frontera y descentralizar estas leyes que impactarán directamente a estas poblaciones, “el articulado del proyecto debe adecuarse a la realidades y dinámicas locales fronterizas, por eso es indispensable el diálogo con las entidades de todos estos territorios”.

En las intervenciones de las entidades territoriales, el concejal de Cúcuta Jesús Sepúlveda le recordó al Gobierno que es vital para la frontera colombo-venezolana la apertura de la frontera y contribuir con esto a la reactivación económica y sacar provecho del intercambio comercial.

Finalmente, los delegados del Gobierno, acompañaron la ponencia que vienen impulsando los congresistas de la bancada del Gobierno y enfatizaron en que el país está en un momento de “limitados” recursos económicos por lo que no pueden comprometer recursos directos a las peticiones de las organizaciones sociales en la audiencia. Los resultados de la audiencia pública se verán reflejados este miércoles en la Comisión Segunda del Senado cuando sea votado el articulado del Gobierno y la ponencia alternativa radicada por el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.