• De las más de 9 millones de víctimas registradas, solo 16% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 59 años llegar a todas.
• De las 82.240 familias que firmaron acuerdo voluntario de erradicación solo el 8.6% han tenido acceso al proyecto productivo del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito.
• Del total de excombatientes de las FARC-EP de FARC que dejaron las armas, el 48.9% no tiene aún un proyecto productivo financiado por el Gobierno.

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Bogotá. 24 de noviembre de 2021.- A los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y en el marco de la función de control político del Congreso de la República, Representantes y Senadores independientes y de oposición publican hoy el informe de seguimiento sobre la implementación del Acuerdo de Paz a 5 años de su firma.

En este noveno informe multipartidista, se incluyeron los hallazgos de las 27 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en las 16 subregiones PDET, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

El proceso de paz tuvo un impacto muy positivo para el país: se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94.9% están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación; las FARC entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de 6 meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24.8 por cada 100.000 habitante; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81.2%; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en un 74.6%.

Tristemente el Gobierno Duque marcó un deterioro dramático de las condiciones de seguridad territorial: entre enero y septiembre de 2019 y 2021 ha habido un incremento del 6.8% en la tasa de homicidio nacional: las subregiones más graves son Norte del Cauca, Piedemonte Caqueteño, Macarena Guaviare, Montes de María, Pacífico medio, Sur de Bolívar, Putumayo, Frontera Nariñense, Chocó y Sur del Tolima; entre 2019 y 2020 hubo un incremento del 29.1% en homicidios de líderes sociales; en el período de enero a agosto de 2018 y 2021 hubo un incremento del 78.6% en el número de víctimas de masacres; y en el primer semestre de 2021 crecieron en un 256% las víctimas de desplazamiento frente al mismo período en 2020. Esto se debe a la falta de voluntad política para implementar en forma el Acuerdo de Paz y a la ausencia de reformas al sector seguridad que eran fundamentales para enfrentar en nuevo escenario operacional.

Sobre las leyes que se necesitan para la implementación del Acuerdo, están pendientes el 33.6% y el punto más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con un 58% sin tramitar. 

Sobre financiación, de los 9,9 billones que el Gobierno dice haber destinado para los PDET, solo ha empezado la ejecución en territorio el 5%; se está ejecutando al año en los PDET el 2% de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz en 15 años; y del total de recursos de OCAD Paz, el 26% de se están destinando por fuera de los municipios PDET.

Aquí pueden ver otras cifras por cada uno de los puntos del Acuerdo de paz:

Punto 1- Hacia un nuevo campo:

• 10 de las 16 Hojas de Ruta de los PDET se han expedido.
• 10 de los 16 Planes Nacionales han sido expedidos.
• Del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, solo el 17,8% han sido efectivamente entregadas, y tan solo el 1,5% han sido entregadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
• Se está formalizando al año el 29.74% de lo que deberíamos estar haciendo para cumplir con la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas en 10 años.

Punto 2- Apertura democrática:

• De las normas requeridas para implementar este punto, están pendientes el 50%. Por ejemplo, Reforma política, ley de participación ciudadana y regulación de la protesta pacífica, Código Electoral que está en revisión previo por la Corte Constitucional.
• Solo el 24% de los municipios en los que se otorgaron licencias para emisoras comunitarias son municipios PDET.

Punto 3- Reincorporación:

• Del total de excombatientes de las FARC-EP de FARC que dejaron las armas, el 48.9% no tiene aún un proyecto productivo financiado por el Gobierno.

Punto 4- Solución al problema de las drogas:

• De las 82.240 familias que firmaron acuerdo voluntario de erradicación solo el 8.6% han tenido acceso al proyecto productivo del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Punto 5- Víctimas:

• De las más de 9 millones de víctimas registradas, solo 16% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 59 años llegar a todas.
• 9.819 ex FARC se han sometido a la JEP para ser investigados, juzgados y sancionados. Ya han sido imputados por la política de secuestro como crimen de guerra y de lesa humanidad.
• La Comisión de la Verdad ha entrevistado a 26.577 personas.
• De las 98.000 personas dadas por desaparecidas, solo el 1% está incluido en un plan de búsqueda de la UPBD.

Quienes firman el informe son:

Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, del Estatuto de la Oposición; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Carlos Ardila, del Partido Liberal; Temístocles Ortega y Jose Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.