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DOS FESTIVALES

Valledupar celebró por estos días el Festival de la Leyenda Vallenata. Esta vez, su versión número 55, tuvo un significado especial : fue una competición entre los últimos reyes vallenatos en las distintas modalidades de acordeón, canción inédita y piquería; constituyó un homenaje al legendario cantante Jorge Oñate; y congregó a miles de colombianos y muchos extranjeros de manera presencial después de la pandemia. Como es habitual, la inauguración del certamen corrió por cuenta de un Presidente Duque abucheado por el público, mientras la campaña presidencial se sentía en las calles, parrandas y eventos folclóricos.

Pero mientras la atención de casi todo el mundo se concentraba en el tradicional evento folclórico inventado hace mas de medio siglo por la inolvidable Consuelo Araujo Noguera, el Expresidente Alfonso López Michelsen y el mágico compositor Rafael Escalona; otro festival, pero de corrupción y desidia protagonizan los clanes políticos tradicionales en la Universidad Popular del Cesar UPC, el principal centro de educación publica superior del departamento y la región. Un festín burocrático y financiero que afecta 17 mil seiscientos estudiantes, quienes decidieron, junto a los docentes y trabajadores, declararse en cese de actividades ante la inminente imposibilidad presupuestal de la UPC para garantizar el segundo semestre del 2022. La respuesta del Consejo Académico no pudo ser más inverosímil: en vez de buscarle salidas a la crisis, el pasado 19 de abril declaró la suspensión del semestre en curso.

La situación de la UPC es verdaderamente dramática. Del presupuesto para el 2022 calculado en 117 mil millones de pesos, el 53% de sus ingresos provienen de las matrículas de sus estudiantes, lo que la convierte en una institución financiada en mas del 50% por las familias de los jóvenes que ingresan a ella, casi todas de bajos ingresos. La parálisis actual obedece a un déficit presupuestal que la Administración estima en cuatro mil ochocientos millones de pesos, pero que los estudiantes y docentes calculan en nueve mil millones, con una proyección de incremento en doce mil millones para el segundo semestre del 22. La responsabilidad del Gobierno Duque y de la Gobernación del Cesar en la crisis es inocultable: mientras el Ministerio de Educación Nacional le debe a la UPC trece mil millones de pesos por concepto del lánguido programa de matricula cero, con el que saca pecho Duque; la Gobernación controlada por los Gnecco le adeuda cuatro mil millones por concepto del programa de becas “Fedecesar” del departamento.

Esta situación financiera la padecen de manera especial los docentes de la U: se les debe la seguridad social del 2021 y un salario del 2022. Las deudas a los docentes de la sede Valledupar suman seis mil millones y a los de Aguachica, en el sur del departamento, mas de 900 millones. Todo esto ocurre en un marco de inestabilidad institucional, disputa politiquera por su control y perdida progresiva de la calidad académica de la institución. 7 rectores nombrados en menos de 5 años, deterioro crónico de sus programas de formación, precaria actividad investigativa y desconexión del desarrollo regional caracterizan a una institución publica llamada a ser el tanque de pensamiento del departamento y el centro de formación y de promoción del talento de los jóvenes cesarenses. Para los clanes políticos del Cesar, el dominante y los mas pequeños y subalternos, la UPC solo es importante para aprovecharse de su poder burocrático y beneficiarse de la contratación de sus recursos.

Este festival de corrupción y negligencia que campea en la UPC no le merece ninguna preocupación al Presidente Duque que vino a dar cátedra de “Economía naranja” en los actos protocolarios del Festival Vallenato en la Plaza Alfonso López. Tampoco a su candidato Federico Gutiérrez que feliz posó en fotos de apoyo a su candidatura con los congresistas que representan a los sectores políticos responsables de esta tragedia. Sergio Fajardo fue el único candidato que se mostró especialmente preocupado por la situación de la UPC. El nuevo Presidente que se elija en mayo y junio tiene el desafío y la responsabilidad de garantizar que la alegría de quienes disfrutan el Festival Vallenato sea también para los 17 mil jóvenes de la Universidad. Quizás la elección reciente del nuevo rector Robert Romero sea una oportunidad para diseñar y poner en marcha, con el compromiso del nuevo gobierno nacional, un plan de emergencia que salve financieramente a la UPC, que la libere de las garras de los clanes y que la impulse por el camino de la excelencia académica.

El nuevo gobierno tiene además la oportunidad y la urgencia de adelantar una gran revolución educativa que reforme la ley 30 para mejorar la financiación de la educación publica superior en una perspectiva de gratuidad, reducir brechas de desigualdad entre las Universidades Públicas del país y liberar la autonomía universitaria de la dictadura de los clanes políticos regionales. Que el inmenso talento de los jóvenes de estas tierras macondianas tengan un digno albergue en sus universidades. De eso se trata el cambio.

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