Por Antonio Sanguino

Prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Es lo que hace el Gobierno del Presidente Iván Duque con la vida de los líderes ambientales, atrapado en una suerte de esquizofrenia. Porque mientras firma y se compromete con la ratificación del Acuerdo de Escazú, su Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, su flamante Comisionado de Paz Miguel Ceballos y todo el Uribismo insisten en una narrativa que adjudica al narcotráfico toda la responsabilidad en el asesinato de los activistas que defienden el ambiente y el territorio en todo el país.

Las cifras son escalofriantes. Según la ONG inglesa, Global Witness, Colombia es el país donde más asesinaron líderes y defensores ambientales en el 2019: 64 personas en total y un aumento del 150 por ciento en comparación con el 2018. Según la misma fuente, el departamento del Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el medio ambiente. Más de un tercio de todos los asesinatos de personas colombianas defensoras de la tierra y del medio ambiente, documentados por esta ONG durante 2019, ocurrieron en esa región.

Peor aún. El Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos documentó que entre 2015 y 2019 hubo 181 ataques contra líderes comunitarios que se oponían a proyectos de minería y de uso intensivo de la tierra, siendo el asesinato el tipo de ataque más común con 72 víctimas. El 90% de los ataques estuvieron vinculados a cuatro sectores: la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la ganadería, y las plantas hidroeléctricas y las represas. Y para ser más específico, el 44% de los 181 ataques fueron contra defensores de los derechos humanos que plantearon preocupaciones sobre estas cinco empresas: AngloGold Ashanti, Big Group Salinas (BG Salinas), Cerrejón Coal (parte de Anglo American, BHP y Glencore), Ecopetrol y EPM. Ninguna relación con el narcotráfico. 

Advierte este informe que, aunque es difícil atribuir la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos de los líderes que actúan en las regiones donde hay proyectos de estas empresas, si está documentado que dichos ataques resultan directamente relacionados con la manifestación de preocupaciones sobre estas actividades empresariales. Quiere decir que mientras el Gobierno siga otorgando licencias, abriendo paso a la explotación desproporcionada de nuestros recursos naturales, y peor aún, siga estigmatizando y subestimando los ataques contra los líderes ambientales y sociales, los violentos encontrarán en ese discurso un escudo o una justificación para perpetuar su actuación.

Ahora, aunque solo sea el primer paso, la ratificación del Acuerdo de Escazú (en tránsito en el Congreso de la República) supone un cambio discursivo en el Gobierno Nacional. El Presidente y sus ministros tendrán que abandonar esa irresponsable explicación del asesinato de líderes verdes, con la que deliberadamente ocultan sus verdaderas motivaciones y autores, porque este tratado es el primero que incluye disposiciones para que los Estados protejan a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Como se sabe, el Acuerdo de Escazú derivó de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de RIO+20 en el 2012, y es el primer tratado ambiental para Latinoamérica. A la fecha, 24 países de los 33 de América Latina y el Caribe lo han firmado, pero solo 9 lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. Esperamos que Colombia sea el número 10 y Argentina, el número 11, que también está en proceso de ratificación.

El Acuerdo de Escazú le permitirá a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental; contar con regulaciones para asegurar la transparencia en la información; exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas contaminantes; y adoptar medidas que garanticen el desarrollo de la democracia ambiental, por ejemplo, garantizando el derecho a escenarios de participación y de justicia ambiental.

Con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco de transparencia y mayor seguridad jurídica, necesarios para incentivar las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia. Ser parte del Acuerdo de Escazú envía un mensaje de una buena gobernanza, transparencia y participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental.

A lo mejor, la ratificación del Acuerdo de Escazú nos sirve para exigirle al Gobierno Duque que supere su esquizofrenia y se comprometa plenamente con que abandonemos el deshonroso lugar de ser el país más violento del planeta para quienes hacen activismo social y ciudadano por la vida y el ambiente.